Ayer, en su más reciente aparición pública, el presidente del Directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, decidió iniciar su exposición disparando contra el Banco Central de Reserva (BCR). Cuestionó por qué no se reduce aún más la tasa de interés de referencia, pues, en su opinión, es una barrera que impide a la petrolera estatal acceder a financiamiento más barato. Llama la atención que un ejecutivo que reconoce que la inflación está controlada –incluso dentro del rango meta del propio BCR– utilice la política monetaria como blanco. Más que una crítica técnica, suena a una distracción, una maniobra para desviar la atención de la crisis estructural que enfrenta Petroperú y evadir responsabilidades sobre su propia ineficiencia.
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El intento de desligarse de cualquier “rescate financiero” también forma parte de ese mismo esfuerzo por distorsionar la realidad. Narváez insiste en que no se trata de un salvataje y que lo que se está proponiendo ni siquiera califica como reestructuración financiera en estricto. Sin embargo, la lectura de los especialistas es distinta y ha sido clara: se trata de un rescate encubierto, y uno de los más peligrosos, pues ahora implicaría otorgar una garantía soberana a una empresa que acumula pérdidas.
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Los números no mienten. Solo en el 2024, Petroperú registró una pérdida neta de US$ 774 millones (Narváez –muy optimista– dijo que son “menos negativas” que lo proyectado), mientras que su deuda total neta alcanza ya casi US$ 6,000 millones, según sus propios estados financieros. A eso se suma un ebitda negativo y obligaciones crecientes con bonistas, la banca internacional, el Banco de la Nación y el propio Ministerio de Economía y Finanzas.
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Frente a este panorama, sería deseable que el reciente recurso presentado ante el Tribunal Constitucional para bloquear los Decretos de Urgencia (DU) como mecanismo de apoyo a Petroperú prospere. Aunque aún quedarían otras rutas políticas para canalizar financiamiento con recursos públicos, al menos se cerraría una puerta a este tipo de rescates recurrentes y opacos. La petrolera estatal necesita, con urgencia, una reforma profunda, con mejoras en su gobernanza, reducción de costos y objetivos claros. Lo que no necesita es seguir buscando culpables fuera de casa.
