Partidos políticos. Recientemente, varios programas periodísticos y denuncias ciudadanas han dado cuenta de que, una vez más, estaríamos frente a varios casos de partidos dedicados a fabricar firmas con el objetivo de inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Una mala práctica de la que ya se han visto varios casos en nuestra historia política, pero que ahora se estaría realizando incluso con mayor impunidad y descaro.
Por un lado, varias personas comenzaron a denunciar en las últimas semanas que se habían sorprendido al encontrarse como afiliados a partidos políticos a los que nunca habían dado su firma. Por otro lado, reportajes de los programas Punto Final y Cuarto Poder han revelado casos graves de presuntas falsificaciones dolosas de miles de firmas en los partidos Perú Primero (de Martín Vizcarra) y Primero la Gente, respectivamente.
La falsificación de firmas por parte de políticos inescrupulosos es una vieja mala práctica que, lamentablemente, siempre ha sido común en Perú. Esto, por supuesto, lejos de librar de responsabilidad a las autoridades electorales encargadas de la verificación oficial de las firmas, la incrementa. Si ya se sabía que este problema existía y, frente a la inusualmente alta cantidad de partidos que solicitaron inscribirse en los últimos años, ¿qué medidas preventivas se tomaron?
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No basta con que las instituciones anuncien que ahora las personas que hayan sido indebidamente afiliadas podrán desafiliarse gratuitamente, algo que siempre debió haber ocurrido y estar claro. Es importante que entendamos bien por qué nuestro sistema es tan vulnerable si queremos ser capaces de repararlo o de reemplazarlo por algo mejor.
Dicho esto, las responsabilidades y la profundidad del problema van mucho más allá. ¿Qué vínculo hay entre este aumento de casos y las filtraciones de bases de datos de ciudadanos desde distintas entidades municipales y del Ejecutivo? ¿Qué ha hecho el Congreso a nivel legislativo para permitir modernizar los sistemas y depender menos de firmas tan fácilmente falsificables? ¿En la Fiscalía no sospechaban que estas prácticas se darían también en este proceso electoral? ¿Y qué medidas tomaron los propios partidos para reducir el riesgo de que siquiera parte de su militancia recurriera a estas prácticas?
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Por último, más allá de lo que implican los casos que ya ocurrieron, ¿qué se está haciendo desde todos los niveles para evitar que situaciones así se sigan repitiendo en el futuro? Sobre todo ahora que el Congreso ha reinstaurado el requisito de presentar un alto número de firmas de apoyo a la inscripción del partido (más de medio millón), adicionales a las 25 mil firmas de afiliados que todavía se exigen también. Es tiempo de pensar en un sistema mejor
