CONGRESO. La situación económica para gran parte de las familias en el país se muestra poco favorable, por decir lo menos. Así lo dejó en evidencia la encuesta de Datum publicada el lunes en Gestión. Allí se mostraba que para un 65% de peruanos, su situación económica estará igual o peor este año y, lo que resultaba más grave, un 66% advertía que sus ingresos no les alcanza para cubrir sus necesidades, razón por la que optan por hacer trabajos extras o endeudarse.
Frente a esta realidad, lo correcto sería que desde todos los frentes se trabajara para generar un ambiente propicio para el crecimiento de la inversión pública, pero sobre todo privada que asegure mayores puestos de trabajo formales para que los ciudadanos tengan la seguridad de ingresos y una mejor calidad de vida. Sin embargo, el Congreso parece mirar hacia otro lado.
Sucede que en un afán populista, y bajo la falsa consigna de defender a los trabajadores, hay 15 iniciativas, entre proyectos y leyes del Congreso, que tendrían efectos en el régimen laboral (Gestión 12.07.2023). Estas encarecerían el empleo al hacer que los trabajadores laboren menos y, a su vez, que las empresas que los contratan paguen más. Así se reduciría el interés de estas compañías en aumentar el número de puestos de trabajo, lo que abonaría para que continúe la desaceleración del crecimiento de la población ocupada.
El mayor error de estas propuestas radica en que se centran en regular al sector formal que ya está regulado y que involucra a un mínimo porcentaje de la población, en lugar de buscar la forma de reducir el nivel de empleo informal. El Congreso parece olvidar que la mayoría de los trabajadores peruanos se mantiene en el sector informal, donde ninguno de estos supuestos “beneficios” podría alcanzarles.
Si una empresa formal se da cuenta que económicamente no puede hacerle frente a las nuevas regulaciones propuestas (microdescansos, inclusión del refrigerio en la jornada laboral, restricción de jornadas atípicas, licencias, etc.), terminará reduciendo el número de trabajadores o incrementará el uso de los contratos a plazo fijo u otras modalidades que le resulten menos onerosas y, en el peor de los casos, si es una microempresa, podría caer en la informalidad.
Nuevamente, es importante que más allá de buscar el aplauso fácil, los legisladores piensen en reducir la informalidad y ampliar la inversión privada, que es la única garantía de que los ciudadanos puedan aspirar a mejorar sus ingresos.
