EDUCACIÓN. El Congreso continúa con su ataque a la reforma de la educación. Tras haber logrado paralizar la reforma universitaria –el Tribunal Constitucional declaró constitucional la ley que se trajo abajo la autonomía de la Sunedu, según advirtieron especialistas y entidades públicas y privadas–, ha puesto la mira en la educación escolar. Como suele ocurrir al final de los periodos legislativos, la aprobación de leyes aumenta y la calidad del debate que debería acompañar a dicho proceso disminuye.
Ese fue el caso del proyecto de ley (ahora convertido en autógrafa de ley) que dispone el nombramiento automático de docentes que, al momento de entrada en vigor de la norma, tengan tres años, o más (consecutivos o acumulados), prestando sus servicios como contratados en colegios públicos. Según el proyecto, que data de marzo del 2022, hay más de 200,000 docentes contratados, “aproximadamente”. También señala que el proceso se financiará con cargo a los presupuestos del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales, “sin demandar recursos adicionales al tesoro público”.
Esta aseveración tendría que haber sido analizada y corroborada por el MEF, al que se le solicitó opinión técnica, lo mismo que a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (en abril del año pasado). Pero según el proyecto de ley, las únicas entidades que respondieron al pedido fueron el Ministerio de Educación (Minedu) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Las dos se opusieron y coincidieron en sus argumentos: la reforma de la educación escolar está basada en la meritocracia y la capacidad, y para asegurarlo, todos los docentes tienen que someterse a las evaluaciones anuales que realiza el Minedu. En suma, el tiempo de servicios no aplica como criterio para asegurar la calidad de la enseñanza.
Además, cabría preguntarse cómo definieron los proponentes de la norma que el corte debe ser tres años y qué asegura que solo ocurrirá “por única vez”, como proclama el proyecto de ley. La titular del Minedu, Magnet Márquez, ha adelantado que el Ejecutivo observará la autógrafa, aunque eso no asegura que el Congreso la apruebe por insistencia, sobre todo si tomamos en cuenta la cantidad de votos a favor que recibió (78 frente a 28 en contra) –la congresista Flor Pablo, extitular del Minedu, ha presentado un recurso de reconsideración a la votación–.
El carácter populista de la medida es evidente, como también lo son los nuevos feriados declarados por el Congreso (7 de junio y 23 de julio), los que también afectarán a los escolares, pues perderán más días lectivos.
