Violencia que no cesa

FEMINICIDIOS. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), hasta el 11 de diciembre pasado, 168 mujeres fueron asesinadas por serlo, es decir, fueron víctimas de feminicidio, durante el 2019. La cifra superaba en 20 los casos registrados el 2018 –y fue la mayor desde que se comenzaron a contabilizar estos crímenes, el 2009–. En lo que restaba de diciembre, iban a ocurrir por lo menos cuatro asesinatos más, de modo que la cifra anual será mayor.

La última década fue pródiga en legislación diseñada para combatir la violencia de género, con una serie de modificaciones a los códigos Penal y de los Niños y Adolescentes. La última ocurrió en julio del 2018 con la Ley 30819, que aclara conceptos, aumenta los años de prisión e incluye nuevos agravantes. El MIMP también ha redoblado esfuerzos en prevención y atención a las víctimas de violencia familiar y sexual. Sin embargo, las estadísticas muestran que las medidas no están dando resultados, y habría que preguntarse por qué.

El primer gran obstáculo es el machismo, la forma de sexismo – discriminación por razón de sexo– tan arraigada en el Perú, que aún hoy se considera que las mujeres deben someterse a los designios de los hombres. Por ello es necesario que se siga impulsando la reforma educativa enfocada en la igualdad de género, pese a los ataques de grupos reaccionarios. Las autoridades del Gobierno han resistido las embestidas, aunque los frutos de la reforma recién podrán cosecharse en el largo plazo.

El segundo obstáculo es la debilidad de las políticas públicas en prevención de feminicidios y de violencia de género en general. En este campo, es prioritario que policías, fiscales y jueces estén debidamente capacitados, lo cual lamentablemente no es el caso. El 11% de asesinadas había denunciado a su agresor por maltratos previos, lo que significa que el sistema policial-judicial no las atendió adecuadamente.

También hay que actuar con firmeza frente a la indolencia de quienes se supone deben proteger a las agredidas. Quizá si se aplican castigos severos a los agentes que hicieron caso omiso a los pedidos de ayuda en el caso de Jésica Tejeda, las comisarías sabrán qué les espera si no hacen su trabajo. Asimismo, hace falta un cambio profundo en la logística –la mayoría de comisarías no cuenta con áreas adecuadas para la atención de mujeres víctimas de violencia–.

Tal vez lo más apremiante sea la falta de liderazgo. No basta con emitir protocolos ni con ponerles mandiles rosados a los ministros, si las intenciones de actuar no se reflejan en sus subalternos.