La tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, que dejó seis fallecidos y más de 80 heridos, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la seguridad de las edificaciones en el país. Este desastre no es solo un lamentable accidente, sino el resultado de una o varias fallas en una cadena de decisiones que debería ser sólida, verificable y fiscalizable. Cuando la vida de las personas está en juego, no hay espacio para negligencias. El debate ahora debe centrarse en cómo encontrar un punto medio entre la reducción de la burocracia y la necesidad de garantizar edificaciones seguras.
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En ese sentido, uno de los aspectos clave son los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). En el presente periodo parlamentario, como informamos en Gestión 24.02.25, se presentaron iniciativas en el Congreso que proponían ampliar la vigencia del certificado ITSE de dos a diez años o incluso volverlo indeterminado, como planteó la congresista Adriana Tudela en una propuesta que retiró recientemente. Sin embargo, la tragedia de Trujillo demuestra que ello no es un asunto para tomarse a la ligera.
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El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) ha hecho una advertencia importante: la normativa actual no exige la participación obligatoria de ingenieros civiles en los procesos ITSE, lo que compromete la rigurosidad de las evaluaciones estructurales. Ante ello, ha instado al Ministerio de Vivienda modificar el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM para restituir esta exigencia, además de pedir el retiro de los proyectos de ley que buscan debilitar los controles de seguridad. Esta posición es razonable. La supervisión de una edificación debe ser realizada por profesionales con el conocimiento técnico suficiente para evaluar su estabilidad y resistencia.
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Las fallas no se limitan a la regulación laxa. Es necesario asegurarnos también que las municipalidades cuenten con la capacidad técnica y los incentivos adecuados para realizar inspecciones rigurosas. La solución no está en eliminar regulaciones ni en aferrarse a normas excesivamente rígidas. Un sistema eficiente debe garantizar controles de seguridad rigurosos sin generar trabas innecesarias para los negocios y la inversión. Para ello, se debe impulsar una reforma que contemple una mejor fiscalización municipal y el involucramiento de especialistas en la supervisión de edificaciones.
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Si el Ejecutivo y el Congreso buscan evitar futuras tragedias, un primer paso sería atender el llamado del CIP. Esto no solo elevaría la calidad de las evaluaciones, sino que también daría un mensaje claro: la seguridad de las personas está por encima de cualquier atajo burocrático o beneficios particulares. Es hora de construir una normativa que encuentre el equilibrio entre facilitar la inversión y proteger vidas.
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