El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que delimita las facultades de las municipalidades en la fiscalización de proyectos inmobiliarios es una decisión acertada que promueve la inversión privada y refuerza la seguridad jurídica en el sector construcción. Con ello, se pone freno a la discrecionalidad de algunos gobiernos locales que, al margen de la legislación vigente, paralizaban obras con criterios arbitrarios, afectando tanto a desarrolladores como a compradores y trabajadores.
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El pronunciamiento del TC es fundamental en un contexto donde la inversión inmobiliaria se ha visto obstaculizada por normativas municipales que, lejos de fomentar el orden urbano, generaban incertidumbre y desconfianza en el sector. Como se ha advertido desde el sector privado, la falta de predictibilidad en los procesos administrativos frenaba el desarrollo de múltiples proyectos, impidiendo la creación de empleo y el acceso a vivienda para miles de familias.
Si bien es razonable que las municipalidades ejerzan un rol fiscalizador, estas deben hacerlo dentro del marco legal establecido. La sentencia del TC aclara que los municipios no pueden suspender licencias de construcción ni paralizar obras unilateralmente, ya que estas competencias recaen exclusivamente en el MVCS. Con esta disposición, se evitan excesos como los que llevaron a la paralización de decenas de proyectos en Miraflores, afectando tanto a empresas constructoras como a ciudadanos que invirtieron en viviendas en planos.
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Sin embargo, esta resolución no debe interpretarse como una carta libre para las empresas desarrolladoras. Las municipalidades pueden intervenir en casos específicos, como cuando exista un riesgo para la seguridad de las edificaciones. En ese sentido, los desarrolladores inmobiliarios tienen la responsabilidad de diseñar y ejecutar proyectos que cumplan con todas las normativas vigentes y garanticen la seguridad de las edificaciones.
El ordenamiento urbano es un aspecto crucial para el crecimiento sostenible de las ciudades, y la articulación entre el sector público y el privado es fundamental. Las municipalidades deben enfocarse en mejorar sus mecanismos de fiscalización sin caer en medidas arbitrarias que desincentiven la inversión. A su vez, las inmobiliarias deben asumir el compromiso de respetar las reglas establecidas y contribuir a un desarrollo urbano ordenado.
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El TC ha sentado un precedente que, de implementarse correctamente, será beneficioso. En muchas ocasiones, la discrecionalidad de los municipios, que se hace pasar como autonomía, se ha vuelto una traba recurrente a la inversión privada (ha ocurrido antes para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, por ejemplo). Con lo dispuesto por el TC, se establece un precedente que sería aplicable a todos los municipios del país, que restringiría los excesos de los gobiernos locales.
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