Editorial:Tercera generación

COORDINACIÓN. Muchas de las reformas que el Perú necesita –como la del sistema de justicia, del sistema tributario o del mercado laboral– están pendientes desde hace varios lustros. Este año se han dado pasos en la primera, y los próximos meses serán cruciales para completar todo el marco legal que hará más difícil que jueces, fiscales y trabajadores administrativos de dicho sistema cometan delitos de corrupción.

De las otras dos, todavía estamos en la etapa de diagnóstico y de anuncios que no se concretan –se criticaron mucho las exoneraciones tributarias, pero luego fueron prorrogadas–, mientras que en materia laboral todavía hay mucha confusión sobre qué son sobrecostos de planilla y qué son derechos de los trabajadores. Como se trata de un debate de corte bizantino, será complicado que se llegue a alguna solución, por más que ahora ya no se hable de reforma sino de “flexibilización” laboral.

Aparte de estas reformas pendientes, que podrían enmarcarse dentro de las de segunda generación –porque están relacionadas al marco normativo–, hay otras –las de tercera generación– que demandan un rol coordinador del Estado con el sector privado, tanto empresas como personas, y que en el país no han estado recibiendo la atención que merecen. Una de ellas es el Plan de Diversificación Productiva, cuyo objetivo es eliminar trabas y reforzar la competitividad a través de la formación de mesas ejecutivas conformadas por entidades gubernamentales y gremios empresariales.

El plan fue lanzado a finales del Gobierno de Ollanta Humala y ya comenzaba a funcionar, pero fue desactivado por el de Pedro Pablo Kuczynski, cuyos ministros de la Producción no creían en el “dirigismo estatal” o no estaban convencidos de su eficacia. Por fortuna, con el cambio de Gobierno de este año, el plan recibió una nueva oportunidad, y aunque todavía no exhibe los bríos de su primera vida, ya cuenta con seis mesas ejecutivas y se anuncia la creación de dos más, ambas con impactos cruciales sobre la competitividad de las empresas: innovación y transporte.

Si ese plan avanza, aunque lentamente, uno que permanece en el limbo es el de Gobierno Digital. Este año se han expedido numerosas normas legales, incluyendo una ley (Decreto Legislativo 1412) cuyo fin es mejorar la prestación de los servicios digitales del Estado, y la creación de un comité de alto nivel para “fortalecer la competitividad y el bienestar económico y social en todas las regiones del Perú”. Dado que los antecedentes son muy desalentadores, pues en gobierno electrónico el país está en pañales, habrá que hacer muchísimo más que redactar bonito.