Solo un paso

GRAÑA Y MONTERO. Desde el año 2016 el país ha sido testigo de cómo se iba descubriendo que empresas —tanto de capitales nacionales como extranjeros— y sus ejecutivos, junto a políticos y funcionarios, formaron parte de diversos actos de corrupción en perjuicio de todos los peruanos.

El hilo que inició estas informaciones fue el caso Lava Jato, y luego le siguió el llamado “Club de la Construcción”. En la actualidad la mayoría de los involucrados busca acogerse a la colaboración eficaz, pues descubiertos sus delitos, lo único que les queda es tratar de minimizar su pena delatando a sus cómplices. Para las personas naturales, el objetivo de la colaboración eficaz es conseguir la menor pena posible, mientras que para las personas jurídicas es continuar operando.

El primer caso de colaboración fue con la empresa Odebrecht, que para mantener sus operaciones retiró a todos los ejecutivos vinculados a la corrupción, realizó una “reformulación integral”, implementó un sistema de “compliance” y firmó el acuerdo con la Procuraduría y la Fiscalía—sin embargo, ya con la nueva administración se ha demandado al Perú ante el Ciadi—.

Otro caso reciente ha sido el de la empresa Graña & Montero (G&M) y también está en la lista firmas como Cosapi. G&M no solo intenta firmar un acuerdo de colaboración, sino que ya anunció un cambio completo de nombre e imagen. Su apuesta para mantenerse ha sido pedir perdón al país “por los daños ocasionados” (aunque en los anuncios impresos ha evitado decir cuál fue su delito) y asegura que evitará que lo ocurrido vuelva a suceder.

A nivel de marketing se trata de una campaña ambiciosa, pero pedir perdón es solo un primer paso. Lo importante será el “propósito de enmienda”, y para ello no bastan las palabras. Solo sus actos en el tiempo podrán evidenciar la sinceridad de haber pedido perdón.

La cooperación con las autoridades es una obligación dentro del proceso de colaboración eficaz que la compañía busca. En ese sentido, al menos dos gestos pueden servir como una demostración de que en la práctica se quiere cambiar. El primer acto debería ser la renuncia por escrito a demandar al Estado por algunos de los proyectos que están siendo investigados —la empresa ha desistido de hacerlo por el momento, pero nada impide que lo haga a futuro—, y el segundo debería ser evaluar cuáles fueron las ganancias que la empresa obtuvo a través de actos ilícitos y que la reparación a pagar esté con relación a dicho monto.

El dinero invertido en una campaña de publicidad, por muy bien trabajada que esta sea, nunca podrá suplantar a las acciones.