INFRAESTRUCTURA. Carreteras en mal estado, cierres de tramos ocasionados por la construcción de otras obras, retrasos en el inicio o continuación de proyectos, planes de megaproyectos que llevan lustros sin materializarse, peajes que muchos no quieren pagar. El caos en la gestión de la infraestructura de transporte terrestre tenía que haber sido resuelto hace mucho tiempo, pero en lugar de eso, se ha ido agravando. Si sumamos los constantes accidentes, incluso en carreteras supuestamente seguras, nos encontramos ante un problema que ya no puede seguir siendo pasado por alto.

La última de estas tragedias ocurrió el 1 de octubre, en el kilómetro 148 de la Carretera Interoceánica. Un bus que cubría la ruta Puerto Maldonado-Cusco cayó a un abismo de 100 metros, matando a 23 personas y dejando heridas a 30. Si el siniestro no recibió la misma cobertura que otros similares fue porque todos estaban pendientes de cómo transcurriría el primer día luego de la disolución del Congreso. Y porque sucedió muy lejos de Lima.

Aparte que no había ministra de Transportes para anunciar reestructuraciones, castigos severos para los responsables y demás promesas –la titular había renunciado el día anterior junto a todo el Gabinete que presidió Salvador del Solar–, solo hizo acto de presencia la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), que a duras penas puede con su labor de fiscalización, pues no recibe el respaldo político que requiere para combatir la informalidad e ilegalidad que impera en el sector.

Pero esa informalidad no está enquistada únicamente en empresas de transporte. También está presente en muchas autoridades en los tres niveles de Gobierno y que se hace evidente, por ejemplo, en la fuerte reducción del gasto en mantenimiento de carreteras; o en la paralización de obras. El hecho de que se haya esperado tanto para informar del cierre de un tramo de la Carretera Central por la construcción de uno del Metro de Lima, es otra muestra de manejo desprolijo. Durará dos años, lo que augura congestiones que causarán pérdidas de tiempo y dinero, pues esa vía es la única en condiciones aceptables que conecta la capital con el centro del país.

Precisamente uno de los planes que integran la lista de quimeras es la construcción de una (o más) rutas alternas de acceso a esa región –otra muy mentada es el desarrollo del transporte ferroviario–. Es claro que todo esto cuesta, pero nadie en el Estado ha podido hacer entender a los usuarios que la modernidad no es gratuita. ¿Arreglará este Gobierno el caos o tendremos que seguir resignándonos?