Siguen los ataques

LICENCIAMIENTO. A principios del mes pasado, advertíamos en esta columna de que la reforma de la educación universitaria siempre había estado en peligro. Fue a raíz de la investigación que pretendía iniciar el hoy disuelto Congreso, a través de su Comisión de Educación, a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), por motivos tan poco convincentes que generaban suspicacias. Es que, al cierre de este año, la entidad deberá haber culminado el proceso de licenciamiento de esas casas de estudios.

A la fecha, 19 tendrán que dejar de funcionar –pero podrían ser más–. Una de ellas es la Universidad Telesup, cuya licencia le fue denegada en mayo, y recurrió al Poder Judicial para salvarse. Como se sabe, una medida cautelar dictada por un juez supernumerario en Bagua (Amazonas) ha dejado en suspenso el mandato de la Sunedu, que ya ha apelado ante la siguiente instancia judicial. La noticia generó indignación, entre otros motivos, porque Telesup se apresuró en informar a sus alumnos que seguiría operando, pese a que su litigación no es caso cerrado.

El propio presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, opinó que el fallo afectó “tremendamente” el prestigio de la institución. Quizás esta postura desanime a otras universidades con licencia denegada a presentar acciones de amparo, aunque nunca se sabe, pues hay en juego grandes intereses económicos –y también políticos–. Lo único seguro es que a partir del 2020 solo podrán seguir brindando sus servicios educativos las universidades que hayan acreditado el cumplimiento de condiciones básicas de calidad.

Este nuevo embate contra la reforma universitaria ha vuelto a sacar a la luz la debilidad del Poder Judicial, una de las instituciones que generan menos confianza en la población y que, como lo demuestran los constantes destapes periodísticos, sigue plagada de corrupción. Supuestamente, el país se encuentra en plena reforma de su sistema de justicia. Por eso llama la atención que recién a comienzos de este mes se haya oficializado la forma de nombrar jueces supernumerarios, con preselección, evaluación y otros pasos que son comunes en cualquier empleo. Es que, hasta su disolución en enero, el Consejo Nacional de la Magistratura elaboraba la lista de aptos para dicho cargo, lo cual tampoco era mucha garantía de calidad.

El reemplazo de ese colegiado, la Junta Nacional de Justicia, solo existe en el papel. Es claro que no se puede exigir apresuramientos, pues ya vimos lo que pasó cuando se quiso seleccionar a sus miembros de manera atolondrada, pero sí cabría preguntarse, ¿para cuándo?