Editorial:El riesgo del corto plazo

POLÍTICA DE PEAJES. Las marchas y contramarchas con relación a los cobros de peajes en el país no son un tema nuevo. Ya en enero del 2017, el alcalde Luis Castañeda, a pesar de haber dicho en un inicio que no podía hacer nada, luego de las protestas, que incluyeron la quema de garitas, afirmó que el peaje ya no iba y que se sentaría a renegociar el contrato con la empresa Rutas de Lima, algo que nunca se hizo y que terminó en una demanda de arbitraje por parte de la empresa contra la municipalidad.

Este año, tras conocerse el presunto pago de sobornos por parte de las empresas OAS y Odebrecht, concesionarias iniciales de varias de las vías en Lima, la desazón por el pago de los peajes volvió a las calles y la opinión del alcalde Jorge Muñoz se movió como el péndulo. En un inicio, puso en tela de juicio la continuidad de los contratos de concesión de Rutas de Lima y de la Línea Amarilla, al afirmar que no quería “peajes manchados por la corrupción” con lo cual dejó la percepción de que se anularían los contratos. Sin embargo, en la sesión del Concejo Metropolitano del lunes se optó por buscar la renegociación de los contratos, argumentando que “no se trata de patear el tablero para la foto de hoy y que se generen irresponsablemente obligaciones impagables para la ciudad de Lima”.

Pese a ello ayer confirmó que ya existe una demanda de arbitraje contra la empresa Rutas de Lima que busca la nulidad del contrato y que se utilizará como argumentó a la hora de negociar. En términos simples, podemos interpretar que amenazarán a las empresas con la nulidad de los contratos si no quieren renegociar o no lo hacen acorde a las expectativas que se plantee el municipio.

Una estrategia arriesgada la que maneja el burgomaestre, no porque no pueda tener los argumentos suficientes, sino porque estas idas y venidas generan más impaciencia en la población y un desborde de las protestas no es lo más adecuado.

Los contratos actuales deben revisarse y no solo eso, el momento es el adecuado para analizar si la necesidad de reducir las brechas de infraestructura de transporte amerita que cada vía que se haga deba contar con un peaje sin importar el tramo, la existencia de vías alternativas o los posibles beneficiarios. Es evidente que falta una política de peajes en el país y por ello resulta necesario estudiar otros modelos económicos para lograr los resultados esperados y el interés de los privados es una responsabilidad del Ejecutivo. El error sería adoptar decisiones basados en la popularidad y en el corto plazo.