El “drawback” es un régimen aduanero que restituye los aranceles pagados por empresas que producen para la exportación por un valor FOB anual menor de US$ 20 millones, lo que beneficia sobre todo a las exportaciones no tradicionales (XNT). Entró en vigencia en 1995, con una tasa de restitución equivalente al 5% del valor FOB exportado –el límite inicial fue de US$ 10 millones anuales–, y sus principales objetivos fueron promover las exportaciones y simplificar la devolución de aranceles.
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Mucho ha cambiado desde entonces. Las XNT no llegaban a los US$ 1,500 anuales y, el año pasado, superaron los US$ 20,000 millones –en parte, debido al incentivo del drawback–. Además, los insumos y bienes intermedios que las exportadoras tenían que importar estaban sujetos a altos aranceles, mientras que hoy, gracias a los tratados de libre comercio (TLC) que el Perú tiene suscritos con sus principales socios comerciales, los exportadores enfrentan una carga arancelaria muchísimo menor. También existen regímenes que eximen del pago de aranceles como la admisión temporal para reexportación.
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Entonces, cabría peguntarse si el drawback sigue siendo tan necesario como cuando las XNT necesitaban un fuerte impulso para abrirse paso en el mercado internacional. Para los gremios exportadores, aún es necesario porque compensa los costos que generan los obstáculos a la competitividad que las XNT peruanas enfrentan por la deficiente infraestructura de transporte y otras externalidades. Agregan que es un alivio para sectores XNT que padecen problemas financieros o reducción de su demanda, como textiles y confecciones.
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Quienes se oponen a su permanencia, alegan que el fisco deja de percibir unos de S/ 700 millones anuales, que es un subsidio ciego y, como ya mencionamos, que los TLC han disminuido significativamente la carga arancelaria de las XNT, aunque no parecen tener en cuenta que las grandes economías también aplican subsidios (bastante generosos) a sus exportadores.
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El 2019, la tasa del drawback fue reducida a 3% y, el año pasado, el MEF pretendió bajarla a 1% y para junio de este año, a 0.5%, pero retrocedió ante la presión de los gremios, que hace unos días habrían convencido al nuevo titular del MEF, José Salardi, de mantenerla en 3%. Quizás sea conveniente eliminarlo gradualmente, pero en coordinación con los exportadores, y buscar aplicar herramientas focalizadas, que no contengan vacíos legales tan fácilmente explotables, como la escisión de empresas para seguir gozando de regímenes que ya no les corresponden porque han crecido.
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