Editorial:Puro floro

POLÍTICA CULTURAL. Hace un par de meses, cuando el Ministerio de Cultura se encontraba acéfalo, planteamos que la principal tarea de su futuro titular debía ser definir claramente la hoja de ruta de ese portafolio. Desde el 18 de diciembre, cuando asumió ese cargo, hasta la fecha, Rogers Valencia se ha concentrado en hacer anuncios puntuales, en intentar aclarar por qué se anularon multas a una inmobiliaria que construía un hotel en Cusco, y poco más. De la necesaria definición de la política cultural, lamentablemente, ni una palabra.

Este ministerio se ha dedicado casi exclusivamente a administrar el patrimonio histórico, aunque no muy eficientemente si tenemos en cuenta los hurtos de documentos del Archivo General de la Nación (AGN) y de la Biblioteca Nacional, o la falta de vigilancia en zonas arqueológicas. Esta semana, por ejemplo, maquinaria pesada dañó el yacimiento chimú Pampa La Cruz, en La Libertad. Valencia tampoco ha confirmado si revisará las licitaciones efectuadas durante la gestión de su antecesora –las irregularidades descubiertas en una de ellas le costaron el puesto–.

Con respecto a los anuncios, destacan dos. Uno es la “noticia” de la postulación de la gastronomía peruana para que la Unesco la declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Resulta que el Perú lleva varios años en eso, por lo menos desde el 2011, y hasta ahora ese trabajo ha sido infructuoso. Cabría preguntarse si esa larga espera es también producto de la inexistencia de un línea de acción sostenida y articulada en el Ministerio de Cultura. Lo que parece existir es un cambio de planes y de prioridades cada vez que asume un nuevo titular.

El otro fue más desconcertante: Valencia ha dicho que evalúa trasladar el AGN fuera de Lima y que “le encantaría” que se ubique en Arequipa, Ayacucho o Moquegua, porque tienen clima seco –como si no existiesen tecnologías de preservación de documentos antiguos en lugares de clima húmedo–. Aún no se ha aventurado a anunciar una nueva ley de cine, un recurso al que sus predecesores apelaban para salir del paso.

En suma, no hay política cultural, solo declaraciones de buenas intenciones, lo que volvió a ponerse en evidencia cuando se presentó el documento resumen de la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Uno de los seis enfoques sobre los que se construirá será el de interculturalidad, que implica (en versión trabalenguas) que “el Estado debe valorizar e incorporar las diferentes visiones culturales, además de las concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales, para la generación de servicios con pertinencia cultural”. ¿Todo esto se traducirá en medidas concretas?.