(Foto: Manuel Melgar / GEC)
(Foto: Manuel Melgar / GEC)

Tribunal Constitucional. El auto emitido por los magistrados del Tribunal Constitucional en el marco del Habeas Corpus planteado a favor de Alberto Fujimori ha generado más dudas que certezas. Ni bien conocido su contenido los constitucionalistas del país se han abocado a interpretar cómo debería aplicarse la decisión tomada por el TC. Quizás por esas dudas el presidente del TC, Francisco Morales Saravia, tuvo que salir a explicar que quisieron decir al momento de resolver.

Lamentablemente, los magistrados perdieron una gran oportunidad para explayarse en sus explicaciones y dejar claramente establecido cuál era el fondo de su fallo, en lugar de ello prefirieron no fijar posición respecto a la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un error que no pueden volver a cometer.

Es importante que el Tribunal emita sentencias claras que no tengan que estar siendo interpretadas por terceros, sobre todo por la importancia de los temas que se ventilan en su fuero. En este momento los magistrados están próximos a emitir un fallo respecto al pago de peajes que tiene a su cargo la empresa Rutas de Lima, una acción de inconstitucionalidad contra la ley de formalización minera y otro contra la ley de canon hídrico. Eso solo por nombrar algunos de los procesos en materia económica que esperan por una decisión del TC.

Los inversionistas requieren certeza jurídica y el Tribunal Constitucional, siendo el último fuero al que se puede acudir, siempre es un referente tanto para las personas como para las empresas. Así lo entendieron quienes integraron sus filas en el pasado y dejaron sentencias tan importantes como la del caso Telefónica donde fueron claros respecto al despido arbitrario, el cierre del régimen 20530 o la eliminación del impuesto temporal a los activos netos, solo por mencionar algunos.

Los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden escapar de su obligación evitando pronunciarse claramente por muy álgidos que sean los temas. No pueden dejar en manos de autoridades de menor nivel la decisión de interpretar lo que quisieron decir pues es bien sabido que lo que no figura en la sentencia no existe, por más explicaciones por fuera que luego quieran dar.

Los seis magistrados que hoy integran el Tribunal -a la espera del que falta para que estén completos- deben asumir con mayor prolijidad su compromiso con la seguridad jurídica, Deben entender que son el último interprete de las leyes y ser precisos en sus fallos para evitar -como ocurrió ayer- que entre ellos mismos se contradigan. El país así lo requiere.