ELECCIONES 2020.“De todo como en botica”, parece ser la frase que describe a los aspirantes al Parlamento de la República en todas las listas que están postulando en los comicios del 26 de enero del 2020. Denuncias por incumplimiento del pago de alimentos, por lesiones, por competencia desleal, peculado, por homicidio y varios delitos más, tanto en el ámbito civil como en el penal.

Lo visto hasta el momento demuestra que la labor que deben cumplir los partidos políticos como el primer filtro a la hora de seleccionar a sus candidatos no está funcionando, ya sea porque no cuentan con las herramientas adecuadas, porque no se han tomado las precauciones suficientes o porque el aporte que dan dichos candidatos a la campaña es más importante que su trayectoria, lo cierto es que —nuevamente— existen candidatos que no cuentan con las credenciales éticas adecuadas para ser elegidos como congresistas.

En principio los partidos políticos deberían usar los currículos de cada candidato como base para examinar su trayectoria. Sin embargo, la experiencia ha enseñado que varias personas no han tenido ningún problema en mentir en su hoja de vida y solo después de salir elegidas, con su comportamiento o a través de denuncias se ha conocido la verdad sobre la información consignada.

La propuesta de reforma política que la comisión convocada por el Ejecutivo planteó, que solo quienes estén afiliados al partido político puedan postular a las elecciones internas de sus organizaciones políticas, buscaba evitar las invitaciones que pueden dar paso al aventurerismo político debido a que no siempre se conoce bien al “invitado”. Además, elecciones internas universales, que permitirían una primera revisión de las listas por parte de la ciudadanía.

Sin embargo, hasta ahora no hay intención de realizar cambios. Pero no hay que tirar la toalla. Por ejemplo, se podría solicitar a los candidatos un currículo sustentado con documentos —que no tengan más de tres meses de antigüedad—, la calidad de no tener antecedentes policiales o penales, no tener adeudos en la administración tributaria, tanto municipal como central, haber culminado estudios (en caso así lo declaren) y la firma de un compromiso ético que establezca que en caso de haber mentido en la información consignada perderá, ya sea la calidad de candidato como la calidad de congresista, en caso de haber sido elegido.

El riesgo de no hacer nada es que la ciudadanía rechace al nuevo Congreso electo si encuentra los mismos males, aunque lo haya elegido.