VIOLENCIA. Hace unos meses entró en vigor el Convenio 190 de la OIT que busca la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y que fue ratificado el año pasado por el Perú.
El convenio establece una definición amplia de violencia y acoso en el trabajo, abarcando comportamientos, prácticas o amenazas que tengan por objeto causar daño físico, psicológico, sexual o económico e incluye actos de violencia y acoso basados en el género. Todo con la finalidad de lograr entorno laboral seguro y saludable.
Sin embargo, no es un misterio que la firma de un convenio o la aprobación de una ley no cambia la realidad. Para ello es necesario que se impulse un cambio de mentalidad de arriba hacia abajo al interior de las empresas y se otorguen los espacios y garantías para que las denuncias puedan llevarse a cabo sin el miedo a represalias que tanto preocupa a los trabajadores. Esto último es quizás lo que hace tan complejo hablar de violencia en los centros laborales.
Según una encuesta realizada el 2021 en el país por GROW: Género y Trabajo y la Fundación Friedrich Ebert (FES), el 74% de encuestados manifestó vivir o haber vivido situaciones violentas en sus espacios de trabajo, de ese porcentaje la mayoría fueron mujeres. Las principales violencias identificadas son la violencia económica (55%), la psicológica (52%), la simbólica (47%) y solo en un cuarto lugar la violencia sexual (31%), siendo la menos frecuente la violencia física (11%)
La manifestación más clara de la violencia económica es la inequidad salarial mientras que la violencia psicológica – que causa daño emocional y disminución de la autoestima a través de amenazas, acoso, humillación, deshonra, descrédito, manipulación y aislamiento– no solo puede ser la más difícil de reconocer sino también de denunciar, pues en diversas ocasiones viene bajo la excusa de “así es el jefe” o es “la forma de trabajo” de la empresa.
Lamentablemente, quienes han tratado de denunciar este tipo de situaciones suelen percibir que sus acciones no han tenido impacto o, lo que es peor, que la consecuencia ha sido negativa, sobre todo en el caso de las mujeres.
Con la entrada en vigor del Convenio 190, el Gobierno deberá redoblar sus esfuerzos y adoptar políticas concretas con un enfoque inclusivo, integrado para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Sin embargo, lo cierto es que estos esfuerzos no verán resultados mientras los empleadores no apuesten por implementar políticas internas para promover entornos laborales seguros y saludables, y libres de violencia, pero no solo en el papel, sino en los hechos.
