Recientemente hemos conocido de más de una denuncia contra congresistas que parecen implicar, cuando menos, problemas éticos claros. En ambos casos, lamentablemente, los legisladores han respondido escudándose solo en la interpretación de la ley que más los favorece, para sugerir que no hicieron nada ilegal. Sin embargo, en ninguno de estos casos el problema principal es realmente el legal.
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Por un lado, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra un grupo de congresistas por el presunto delito de negociación incompatible. Esto por tratarse, según la Fiscalía, de exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que, como miembros de la Comisión de Defensa, habrían promovido, votado a favor y logrado aprobar una ley que los ha beneficiado directamente.
Ocurre que dicha ley permitió que este grupo de congresistas empiece a cobrar simultáneamente su sueldo como parlamentarios y, además, su pensión sin restricciones como militares y policías retirados. Sobre esto existe un cuestionamiento legal, ya que si bien existe una diferencia legal entre un sueldo y una remuneración pública, también es cierto que la Ley Marco del Empleo Público hoy vigente indica en su artículo 3 que “ningún empleado público puede percibir del Estado más de una remuneración, emolumento, o cualquier tipo de ingreso”.
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Incluso, en el 2020, cuando el también militar en retiro Daniel Urresti fue elegido congresista, él solicitó a la Oficialía Mayor del Congreso no cobrar su sueldo de congresista. Ello justamente porque ya recibía una pensión del Estado.
Por su parte, en un caso distinto, supimos también el pasado fin de semana de una denuncia periodística presentada contra la congresista Susel Paredes. Sucede que su esposa, Gracia María Francisca Aljovín, es accionista minoritaria de la empresa Esmeralda Corp SAC, que le vendió más de 130 toneladas de conservas al extinto programa Qali Warma en el 2024, pese a la prohibición de que familiares de congresistas contraten con el Estado.
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En este segundo caso, ciertamente ocurre que el matrimonio de la congresista Paredes no está inscrito en el Perú, sino que solo fue realizado en Estados Unidos. Ello porque nuestro país no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo, al igual que en el caso de los congresistas militares y policías en retiro, el principal problema con este asunto no es realmente el legal, sino el ético.
Queda claro que uno de los factores más dañinos que alimentan la inestabilidad política y ralentizan el crecimiento y la inversión es la crisis de confianza que vive el país. No solo hacia el Congreso, ciertamente, pero no puede dejar de considerarse que este se trata del Legislativo consistentemente más impopular según todas las encuestadoras desde que se tiene registro. ¿Y es así que pretenden recuperar la confianza?
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