Ayer, en la fecha límite que tenía para hacerlo, el Congreso de la República finalmente aprobó la Ley de Presupuesto para el año 2024, con 89 votos a favor, 25 en contra y ocho abstenciones. Esta vez, el monto total aumentará en un 12% con respecto al presupuesto inicial de apertura (PIA) de este año, con lo que alcanzará los S/240.806 millones.
Como se sabe, el proceso de aprobación de esta ley implica que el Congreso revise, modifique y eventualmente apruebe la propuesta originalmente enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pues bien, esta vez, algo que ha llamado la atención es que uno de los puntos principales que ha sido modificado en la propuesta finalmente aprobada con respecto del proyecto original, ha sido la disminución en S/321 millones en el presupuesto asignado al Gobierno Nacional (que incluye tanto al Ejecutivo como al propio Congreso, al Poder Judicial y organismos autónomos), sobre todo en recortes en el gasto de capital. Mientras tanto, el presupuesto asignado a los Gobiernos Regionales creció en S/307 millones, particularmente en gastos corrientes.
¿Cuál ha sido el criterio con el cual los congresistas decidieron que era oportuna esta reasignación en contra de los criterios técnicos del MEF? ¿Acaso no es ampliamente conocido por todos el pésimo manejo que suelen tener los Gobiernos Regionales del presupuesto público entre tantos casos de ineficiencia y corrupción? Peor aún desde que se eliminó la reelección de alcaldes, lo que redujo los incentivos de las gestiones ediles para preocuparse por lo que puedan pensar los votantes y evitó que sea posible premiar y darles continuidad a gestiones eficientes.
A estas alturas, lo que debería estar haciéndose desde el Congreso y otros espacios es discutiendo qué podemos hacer respecto de la realidad del fracaso que ha sido el proceso de regionalización, no premiándose el malgasto con más recursos sin que exista ningún tipo de reforma previa. No solo ocurre que la regionalización no ha logrado ni de cerca resultados que se buscaba cuando fue creado, sino que ha agravado nuestros problemas de corrupción e ineficiencia en el gasto público.
Así las cosas, lo cierto es que no queda otra alternativa que concluir que las motivaciones detrás de estos cambios no han sido técnicas. Que esto mismo haya ocurrido en distintos niveles en el pasado no es una excusa aceptable, sobre todo en un contexto de recesión y crisis política. ¿Por qué esto es difícil de entender?
