Jurado arbitrario

COMPORTAMIENTO ELECTORAL. La labor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los comicios del 26 de enero no fue de las mejores. El órgano encargado de establecer las reglas bajo las que se realizó el sufragio –que definió la conformación del nuevo Congreso– demoró demasiado en responder consultas de los jurados electorales especiales (JEE) y muchas de sus decisiones han sido calificadas de incoherentes por expertos en la materia. Se habló incluso de que el JNE realizó “interpretaciones auténticas” de las normas, al estilo de la época fujimorista.

Para empezar, demoró más de un mes en aclarar si los congresistas disueltos podían volver a postular. La convocatoria a los comicios se hizo el 30 de setiembre y recién el 11 de noviembre decidió que sí podían hacerlo, pese a que en el referéndum de diciembre del 2018 la población aprobó por abrumadora mayoría la prohibición de la reelección inmediata de legisladores. La interpretación del JNE fue que las elecciones congresales eran “extraordinarias”, un calificativo que el mismo órgano les asignó.

El 15 de enero, a solo once días de la votación, el JNE comunicó que no aplicaría la valla de cancelación de inscripción de agrupaciones políticas –alcanzar al menos el 5% de los votos a nivel nacional o al menos seis representantes en más de una circunscripción electoral–. De nuevo, el argumento esgrimido por la entidad fue la naturaleza “extraordinaria” de esos comicios. Lo que llamó la atención fue que la decisión fue tomada cuando las encuestas ya sugerían qué partidos podrían perder su inscripción.

Pero eso no es todo, pues también demoró en tachar candidaturas, no hizo pública información de denuncias sobre delitos y abusos graves de postulantes “por razones de confidencialidad”, y las exclusiones de candidaturas no siempre resultaron coherentes, pues las reglas que se aplicaron en algunos casos fueron dejadas de lado en otros, bajo el argumento de que fueron detectadas fuera de tiempo. Si la visión del JNE es ser un organismo “transparente, eficiente y moderno”, modificar las reglas cuando el proceso electoral ya está en marcha o interpretarlas a su antojo revela un trabajo opaco, deficiente y anacrónico.

La actual directiva del JNE estará a cargo (en teoría) de la regulación de las elecciones del 2021. Su presidente, el juez supremo Víctor Ticona, y otro integrante, el fiscal Luis Arce, están siendo investigados por la Fiscalía –por presuntos vínculos con los Cuellos Blancos–. Otro, fue decano de Derecho de una universidad cuya licencia acaba de ser denegada por Sunedu, y otro lo fue de una que todavía no obtiene licenciamiento.