CONGRESO. Alejandro Soto, presidente del Congreso de la República desde julio, ha venido siendo duramente cuestionado prácticamente desde el día de su nombramiento. Y es que las razones desbordan.
El congresista electo por APP no solo no contaba con la experiencia y destreza política que se requiere para dirigir una institución tan importante como el Poder Legislativo. Fuera de eso, se denunció desde un inicio que Soto tenía acusaciones pendientes de esclarecer, las cuales él solo ha negado sin dar mayores explicaciones, además de sentencias condenatorias en temas tan graves como el haberse apropiado de dinero del Estado cuando fue regidor municipal en Cusco. Y por si esto fuera poco, lo que ya se conocía sobre su criterio político no era particularmente prometedor, a juzgar por decisiones como la de haberse autoentrevistado como parte de su campaña congresal.
Ya como congresista, Soto ha seguido haciendo méritos que dejan clara su inaptitud para el cargo que hoy ocupa. De hecho, a la fecha, el legislador de APP enfrenta tres acusaciones en la Comisión de Ética: una por contratar en su despacho a la hermana de la madre de su hijo, otra por haber promovido y votado a favor de una ley que finalmente se aprobó y lo benefició directamente (la ley que acorta los plazos de prescripción, Ley 31751), y la tercera por ser otro de los congresistas acusados de “mochasueldos”. En su caso, con el agravante de haber presuntamente obligado a sus trabajadores a apoyarlo y a atacar a sus enemigos políticos en redes sociales utilizando sus cuentas personales y cuentas falsas.
Es más, cuando fue confrontado sobre esta última acusación, Soto aseguró no tener conocimiento de que sus trabajadores en el Congreso manejan cuentas falsas en redes sociales para favorecerlo. Sin embargo, esto fue luego desmentido por una serie de chats de WhatsApp revelados por Cuarto Poder el último domingo, en los que se lee a su asesora principal, Sandra Rodríguez, ordenarle al resto de trabajadores de su despacho que no hagan nada en las redes sin la autorización directa del congresista.
Es políticamente inviable que una persona con tan graves acusaciones e inconductas siga siendo el presidente del Legislativo. ¿Qué confianza interna o internacional podría generar una persona así si la presidenta Boluarte tuviera que dejar el cargo por cualquier motivo? Lejos de generar estabilidad, su permanencia al mando de la Mesa Directiva está generando cada vez más grietas en el bloque que hoy sostiene al Gobierno, a la vez que restando dignidad al cargo.
El momento de un cambio ha llegado, sea por renuncia o censura, sin que por ello tenga que cambiar la composición del resto de la Mesa Directiva.
