DEFENSORíA DEL PUEBLO. Como destacamos en este espacio hace cerca de un mes (ver Editorial del 27/09/2023), nuestro sistema de pesos y contrapesos democráticos le otorga a la Defensoría del Pueblo el rol fundamental de ser la institución encargada de intervenir en favor de la ciudadanía cuando otros organismos públicos vulneran o se niegan a proteger sus derechos; sobre todo los de las personas más vulnerables, que no pueden acceder por sus propios medios a servicios como salud, educación o justicia.
En un país como el Perú, no es difícil imaginar por qué el organismo constitucional encargado de esta labor es tan importante. Hasta hace poco, según datos de la propia Defensoría, la institución atendía cientos de casos a diario –más de 100 mil expedientes al año– de personas que presentaron quejas, petitorios o consultas vinculadas con la protección de sus derechos; por ejemplo, gente que solo por falta de papeles o problemas burocráticos similares no pueden sacar un DNI, acceder al SIS o matricular a sus hijos a una escuela pública.
Es por ello que es tan importante que la Defensoría del Pueblo cuente con buenos profesionales, que sean elegidos por sus competencias y tengan experiencia trabajando en el Estado. Esto, lamentablemente, no es lo que parece estar ocurriendo bajo el mando del actual defensor, Josué Gutiérrez.
Como ya habíamos denunciado, en los meses que siguieron a su nombramiento renunciaron cinco de los ocho adjuntos –líderes de las áreas temáticas, como lucha contra la corrupción y prevención de conflictos– por discrepancias en su manejo de la institución, algunos de los cuales denunciaron que se estaban dando nombramientos políticos. De hecho, dos adjuntos salientes fueron reemplazados por profesionales cercanos a los partidos que eligieron a Gutiérrez: Elizabeth Zea, ex integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, y Juan Carlos Gonzales Hidalgo, secretario general de APP hasta marzo de este año. Esto no es ideal pues, eventualmente, el defensor también debería fiscalizar al Congreso.
Más preocupante fue luego de que el defensor haya presentado un proyecto de ley proponiendo fijar como regla que los adjuntos sean designados por confianza y ya no por concurso público. Y peor aún, en los últimos días, El Comercio ha hecho saber que siete personas allegadas a Gutiérrez han sido contratadas por primera vez en la Defensoría tras visitar su despacho, pese a que en más de un caso se trata de personas sin ninguna experiencia relevante para el cargo en que han sido nombrados.
Una Defensoría más politizada y menos técnica es una institución democrática más débil. Es una garantía menos de que nuestro país podrá contrarrestar el abuso de poder de otros organismos públicos. Cuando hablamos de que no deben existir más cuerdas separadas entre economía y política, nos referimos a temas como este.
