JUSTICIA. Entre los cambios ministeriales que hizo el Gobierno la semana pasada –y que comentamos entonces en esta misma página (ver Editorial del 12/09/2023)–, uno de los que más llamó la atención fue el nombramiento de Eduardo Arana en el ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo del cuestionado Daniel Maurate.
Como se recuerda, Maurate había venido siendo criticado por varios motivos desde que fue nombrado en abril de este año. Ente otras cosas, por haber sido destituido en el 2011 como Director General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (hoy Sucamec) por haber presuntamente falsificado su hoja de vida, o las más de 180 llamadas que registra con diversos investigados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Así las cosas, uno hubiese pensado que el Gobierno buscaría reemplazar a Maurate con un profesional competente que no cuente con cuestionamientos tan serios, para intentar recuperar algo de legitimidad y gobernabilidad. Sin embargo, lo que la prensa ha venido revelando en estos días sobre el nuevo ministro Arana ha terminado de demostrar que esta no ha sido realmente la intención del Gobierno.
Lejos de esclarecer los vínculos entre Maurate y los Cuellos Blancos, el Ejecutivo ha vuelto a nombrar a otro ministro de Justicia vinculado con el mismo caso. Como se ha alertado, actualmente la fiscalía tiene una investigación abierta contra Arana por presuntamente haber sido instigador de los delitos de tráfico de influencias agravado y, alternativamente, cohecho activo específico en agravio del Estado. Incluso han salido a la luz varias llamadas que tuvo tanto con el exjuez superior del Callao Walter Ríos y con el juez Supremo César Hinostroza, con quienes también se trataba de “hermanos”.
Fuera de este caso, en el 2010 Arana había sido sentenciado en doble instancia en un proceso de alimentos y obligado a abonar una pensión de S/400 mensuales que antes se había negado a pagar. Y por si todo esto fuera poco, el nuevo ministro también tiene una denuncia policial por maltrato a su esposa.
A juzgar por su hoja de vida, uno de los activos que el Gobierno parece haber encontrado en Maurate es su postura política, más cercana a la de las bancadas congresales que hoy sostienen al Gobierno. Arana ha sido hasta hace poco asesor de la congresista Gladys Echaíz, así como jefe de Gabinete del exjuez Javier Villa Stein cuando este fue presidente de la Corte Suprema.
¿Pero no existen acaso profesionales que cumplan con ese mismo perfil que no cuenten a la vez con un rosario tan grave de cuestionamientos? Haría bien el Gobierno en buscarlos, pues con este tipo de nombramientos solo termina por dispararse a los pies.
