(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

MALA NOTA. El Perú ocupa el lugar 65 de 141 países examinados en el Ranking Global de Competitividad 2019, elaborado por el World Economic Forum (WEF), y su posición es crítica en ocho pilares. Un caso que preocupa es el indicador sobre institucionalidad, en el que el país ocupa el puesto 94. Una mirada más acuciosa a los aspectos que se evalúan bajo este criterio evidencia que hay aspectos para poner las barbas en remojo, más aún cuando es una tendencia desde hace varios años.

Por ejemplo, en crimen organizado o eficiencia del marco legal en la solución de controversias, el Perú ocupa el puesto 134 (siete puestos menos que el último lugar). En la fiabilidad de los servicios policiales, el país está en el puesto 131; en la carga de la regulación gubernamental —que se refiere directamente al desempeño del sector público—, en el lugar 128; mientras que en independencia judicial, el puesto es el 122. Es decir, en ninguno de estos aspectos evaluados por el WEF se logra superar el quinto grupo inferior de países. Incluso en el tema bandera del Gobierno, como es la corrupción, en lugar de avanzar se ha retrocedido diez puestos.

Desde hace varios años la falta de institucionalidad en el país es uno de los mayores problemas. La desconfianza en la policía y el Poder Judicial no solo limitan el accionar de las víctimas de algún delito que prefieren no denunciar bajo el supuesto que no conseguirán ninguna satisfacción, sino que fomenta la delincuencia y de allí el incremento en crimen organizado y corrupción, pues la falta de efectividad en sancionar estos delitos es como una carta de pase para quienes desean cometerlos.

Si a eso se suma que no se percibe que los gobiernos de los últimos 20 años, incluido el actual, tengan una visión de largo plazo, los malos resultados son solo una consecuencia de lo que se vive día a día.

La dificultad es que mejorar a nivel institucional requiere de acciones concretas que en más de un caso tendrá resultados a largo plazo. En el tema de la corrupción, si bien casos como Odebrecht, OAS o el “club de la construcción” deben ser investigados a profundidad y los delincuentes sancionados, el Gobierno no debe olvidar que la corrupción es mucho más que estos grandes casos y que también es necesario buscar las formas para acabar con todo tipo de ella, ya sea grande o pequeña.

Sin institucionalidad cualquier avance como país estará incompleto.