La semana pasada el Congreso finalmente culminó la discusión sobre dos asuntos que se esperaba que atienda al inicio de esta nueva legislatura. Nos referimos, por supuesto, a la aprobación del retorno de la bicameralidad y a la inhabilitación finalmente impuesta contra dos ahora exmiembros de la Junta Nacional de Justicia.
Cerrados ya estos asuntos, tal como afirmamos antes de que el Congreso vuelva a reunirse (ver Editorial del 01/03/2024), es vital que el Congreso concentre su agenda en temas de fondo que sean realmente urgentes. Ello antes de caer nuevamente en enfrentamientos políticos con el Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía o con otros organismos constitucionales que, si bien pueden implicar agendas importantes, evidentemente no tienen el mismo nivel de urgencia que otras materias más apremiantes.
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Por ejemplo, uno de estos temas urgentes es la profundización de una reforma política verdaderamente sustantiva, que sea compatible con la recién aprobada bicameralidad. Sería importante que el Congreso asigne a alguna comisión o grupo de trabajo la tarea de evaluar qué otros cambios ayudarían a generar más estabilidad política en el mediano plazo.
Uno de esos cambios podría ser la alineación con el resto del mundo de nuestras reglas sobre acusaciones al presidente, para lo cual se requeriría ampliar los supuestos de ‘impeachment’ o juicio político al presidente (extender el alcance actual del artículo 117) y modificar la vacancia presidencial para que esta ya solo opere ante hechos objetivos (ya no habría vacancia por ‘incapacidad moral permanente’, sino impeachment presidencial). Además, toca ahora también fijar los detalles de cómo se aterrizará la bicameralidad aprobada: qué tamaños tendrán los distritos de la Cámara de Diputados y cuál será su forma de elección.
Otro tema urgente en la agenda legislativa debería ser la reactivación económica. Respecto de este tema, hay un proyecto del Legislativo, y otro del Ejecutivo, que propone modificar la actual Ley de Contrataciones del Estado, con el fin de modernizarla. Como se sabe, actualmente, el marco regulatorio para la contratación pública es excesivamente burocrático y poco claro, lo que da lugar a que proyectos se paralicen o cancelen. O que la inversión nunca llegue.
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Un tercer ejemplo de asunto urgente y que exige de un debate amplio y transparente es el diseño de un Registro Integral de Formalización Minera que verdaderamente ayude a combatir la minería ilegal. Esto es algo que no puede esperar más.
En las próximas semanas, el Congreso debería concentrarse menos en interpelaciones y enfrentamientos entre poderes. Y más, en cambio, en trabajar por los temas verdaderamente urgentes.
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