Está muy arraigada la creencia de que la creación de un ministerio es clave para resolver problemas de administración pública –burocracia, duplicidad de funciones, inversión, gasto corriente, etcétera–. Hay gobiernos que también utilizan esta medida para mejorar su imagen y otros, para distraer la atención de su mala gestión. El de Dina Boluarte habría tenido en cuenta esos tres motivos para anunciar, el pasado 28 de julio, un proyecto de ley que crea el Ministerio de Infraestructura. Dos días después, lo envío al Congreso.
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Dado que allí no le dieron importancia, pese a que tenía carácter de urgencia, el Ejecutivo ha insistido con el tema. El 15 de enero, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, invocó al Congreso a debatir el proyecto y lo hizo mediante oficio enviado a su presidente, Eduardo Salhuana, quien la semana pasada anunció que se le daría prioridad y que ya lo había enviado a la Comisión de Constitución para su debate. Sin embargo, su aprobación enfrentaría escollos pues no existe consenso (por ahora). Este diario entrevistó a diez de los 29 miembros de esa comisión, y ninguno se mostró a favor (gestion.pe 07/02/2025).
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El Ejecutivo suele tomarse la molestia de incluir en sus proyectos de ley la obligatoria exposición de motivos. Pero en este caso, el análisis no estuvo muy prolijo. Por ejemplo, una justificación de la creación del nuevo ministerio es que en el primer semestre del año pasado, hubo un fuerte aumento de inversiones públicas que perdieron su viabilidad. La data incluye obras a cargo de gobiernos subnacionales, pese a que según la propuesta del Ejecutivo, el ámbito de dicho despacho sería a nivel de Gobierno nacional –absorberá a trece entidades hoy adscritas a otros ministerios–.
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El Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que dicho alcance sería limitado pues solo gestionaría el 18% del presupuesto total de inversión pública, aparte que no aborda las dificultades que tienen los gobiernos subnacionales para ejecutar obras de manera eficiente, tanto en uso de recursos como en cumplimiento de plazos. Asimismo, dado que el nuevo ministerio se haría cargo de la ejecución, pero también de la formulación, planificación y diseño de la inversión pública, lo que debilitaría los roles como entes rectores de sus respectivos sectores a ministerios como el de Transportes y Comunicaciones, y el de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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En suma, se intenta solucionar un problema estructural que tiene que ver, principalmente, con capacidades profesionales, con una “reforma” que ni siquiera está bien planteada.
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