El marasmo en capilla

INFRAESTRUCTURA. El Decreto de Urgencia 008-2019, que dicta medidas extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional, será una prueba de fuego para las autoridades de todos los niveles de gobierno, pues les ha fijado plazos que, considerando los antecedentes, no habían estado acostumbradas a cumplir. Por ejemplo, tendrán 20 días útiles para elaborar una relación de sus proyectos que tienen un avance igual o superior al 50% –solo podrán actualizarla hasta el 31 de diciembre–. Aparte de las que tienen contrato vigente, tendrán que incluir las que tienen contrato resuelto o declarado nulo.

Luego tendrán hasta el 30 de abril del 2020 para aprobar sus listas de obras priorizadas, en las que deberán privilegiar el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos. El reinicio de los trabajos no tendrá que esperar una eternidad –como solía ocurrir–, pues el DU establece un plazo interesante: el contratista tendrá cinco días hábiles para responder a la entidad su propuesta de continuar la obra.

Si el contratista declina, o no responde, se resolverá el contrato, y se convocará una nueva licitación; aunque la norma faculta a la entidad a hacerse cargo del proyecto, si cuenta con capacidad técnica. El Poder Judicial –harto conocido por su parsimonia operativa– tampoco se salva: de presentarse medidas cautelares, el DU fija plazos que serán todo un reto para jueces y secretarios judiciales. Las mismas reglas aplican para los procesos arbitrales.

La norma fue anunciada tras la juramentación del nuevo Gabinete, hace un mes, y está basada en un proyecto de ley que presentó la Contraloría General de la República (CGR) al hoy disuelto Congreso, el cual no se tomó la molestia de revisarlo. La iniciativa surgió a raíz de un reporte de la propia CGR, publicado en marzo, que identificó 867 obras paralizadas por S/ 16,870 millones, monto que se repartía casi en igual proporción entre las entidades del Gobierno nacional (51%) y los gobiernos regionales (49%). El informe no incluye los proyectos interrumpidos en los municipios, aunque se estima que podrán bordear los 6,000.

¿Se podrán reactivar todos estos proyectos? El Gobierno ha puesto la mira en los que tienen más avance, quizás porque podrían culminarse más rápido, lo que facilitará mostrar resultados de la medida. Pero el riesgo de que las autoridades hagan caso omiso de la norma es latente. Si bien el MEF posee herramientas para hacerla respetar –por ejemplo, congelar transferencias–, lo primordial será hacerle seguimiento e informar sobre quiénes cumplen y quiénes no.