CRECIMIENTO. Los datos del PBI por departamentos al segundo trimestre, respecto del mismo periodo del 2022, publicados por el INEI mostraron que once de ellos se encontraban en recesión, siendo los casos más preocupantes los de Huancavelica y Tacna: cada uno llevaba siete trimestres (casi dos años) con resultados en rojo (Gestión 20.10.2023). En general, las cifras son muy desalentadoras, incluso para los once departamentos cuyos PBI sí crecieron en ese trimestre, ya que solo tres lo hicieron por encima de 2.5%. Se trata de Huánuco (5.4%), Apurímac (42.9%) y Moquegua (49.2%). ¿Qué explica esa notable expansión, tan distinta del resto?
La respuesta, para los tres, es la minería y su efecto estadístico. En Moquegua, el principal factor fue el inicio de operaciones de Quellaveco en septiembre del 2022. Esa nueva producción de cobre y molibdeno, que hasta agosto del año pasado no existía, ha estado impulsando el PBI moqueguano, e incluso ha contrarrestado el efecto de la fuerte caída de otro sector relevante en ese departamento (pesca). En Apurímac, el efecto estadístico se debe al reinicio de operaciones de Las Bambas, que las paralizó entre el 20 de abril y el 10 de junio del 2022 a causa del bloqueo de la vía de acceso, ejecutado por comunidades aledañas. Por su parte, el PBI de Huánuco creció gracias al reinicio progresivo de las operaciones de la minera Raura.
Estos tres casos evidencian, una vez más, la importancia que tiene la minería en las economías de estos y otros departamentos. No solo por su capacidad para apuntalar sus PBI, sino por su efecto multiplicador, el cual podría ser mucho mayor si los recursos públicos que genera el sector para las zonas productoras fuesen usados de manera eficiente. Por ejemplo, los 20 distritos que reciben más fondos por concepto de canon y otras transferencias ligadas a la minería (e hidrocarburos) no han gastado ni la mitad de lo presupuestado este año. Los alcaldes y gobernadores tienen mucho que explicar al respecto.
Lo más preocupante es que la inversión minera en el Perú está en retroceso, tanto en exploración como en desarrollo de minas. El BCR proyecta un desplome de 18.1% para este año, y de 7.6% para el próximo. Y el Estado no parece estar interesado en reactivar la exploración. En agosto, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley sobre “ordenamiento territorial” que, en la práctica, facultaría a los gobiernos regionales a decretar zonas de exclusión de cualquier actividad económica, como la minería. ¿Y así afirman que quieren atraer inversión privada?
