Únete al canal de Gestióninseguridad. Ayer el país amaneció con la lamentable noticia del fallecimiento de nueve trabajadores de la minera Poderosa en Pataz, La Libertad, como resultado del cobarde ataque de aparentes mineros ilegales y otros criminales que estarían vinculados con la organización Tren de Aragua. Otras 15 personas más resultaron heridas como consecuencia del mismo asalto.
En respuesta a estos lamentables sucesos y, como para que podamos entenderlos mejor dentro del contexto en el que vienen ocurriendo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) recordó con firmeza en un comunicado que la “violencia desatada por mineros ilegales que, en complicidad con organizaciones criminales, vienen implantando el terror en importantes zonas mineras del país, ha enlutado a la familia de la minería formal”. Por ello, reclamaron también con razón que “este acto criminal no debe quedar impune”.
Sin embargo, más allá de la tragedia del caso particular, lo ocurrido en Pataz es también un crudo recordatorio de lo rápido que ha venido avanzando y literalmente ganando terreno el crimen organizado en estos últimos años. Sobre todo desde que vivimos en lo que ya desde hace tiempo se siente como una crisis política interminable y un clima de alta polarización, lo que no nos permite ponernos de acuerdo para avanzar en los temas importantes.
¿Cómo podrían los sectores del Ejecutivo invertir en planes y políticas de mediano y largo plazo con la altísima rotación de ministros y personal que hemos visto en los últimos años? ¿Cómo podrían hacer lo propio los gobiernos regionales o los municipios provinciales y distritales cuando hemos visto que en la práctica la mayoría de políticos que hoy promueve nuestro sistema tienden a ser altamente corruptos e ineficientes en ejecutar el gasto?
Ya era ampliamente conocido por zonas como el VRAEM o más de un sector en Madre de Dios que el Estado peruano no ejerce realmente su soberanía sobre todo el territorio nacional y que hay zonas parcial o totalmente dominadas por el crimen organizado. Pues bien, lo que ha ocurrido en Pataz es un aviso claro de que este último ha continuado avanzando en los últimos años, mientras el Estado ha estado ahogado entre su letargo y sus crisis.
Por si todo esto fuese poco, además, el que el crimen y la minería ilegal sigan ganando terreno sin que haya una respuesta rápida y efectiva del sector público daña al sector minero formal y empeora aún más nuestra imagen ante el mundo. Así, se afectan también las perspectivas de crecimiento, lo que perjudica por cuenta doble a las personas más vulnerables.
He ahí la importancia de recuperar el rumbo de la estabilidad democrática y económica.
Nos solidarizamos con las familias de las víctimas de este terrible delito.
