CRISIS. La decisión judicial de autorizar la detención preliminar contra Jaime Villanueva, asesor de la fiscal Patricia Benavides, por la presunta comisión del delito de organización criminal y tráfico de Influencias, en agravio del Estado, y la investigación que de allí se desprende, tendría mayores implicancias de las ya conocidas y no parece ser un tema que pueda ser resuelto en el corto plazo.
Además, frente a los pedidos de diferentes sectores, incluida la de los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena para que Benavides dé un paso al costado mientras dure la investigación, ella ha respondido con la remoción de diversos fiscales en puestos claves en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, lo que deja en claro que, solo la decisión de la Junta Nacional de Justicia de iniciar un proceso disciplinario en su contra podría dar paso a su separación del cargo.
¿Es posible pedirles confianza a los inversionistas en medio de esta situación?, ¿podría esperarse que en el 2024 se concrete la llegada de capitales que apuesten por proyectos de gran envergadura en, por ejemplo, minería? Será posible que se cumpla la proyección del MEF de cerrar el 2024 con un crecimiento de 3%?
Si la crisis política y de institucionalidad continúa como hasta ahora o se agrava, la respuesta a todas las preguntas anteriores será negativa y es que no se puede esperar que en medio de este ambiente de inestabilidad los inversionistas confíen en iniciar proyectos de largo aliento, y mientras ello no ocurra, la economía del país no podrá retomar la senda de crecimiento que necesita.
Frente a la crisis política que puede vivir un país, los inversionistas deben confiar en la estabilidad jurídica, confiar en que frente a los conflictos pueden encontrar apoyo en el sistema de justicia y, por ello, la situación por la que atraviesa en este momento la Fiscalía puede afectar tanto el futuro de las inversiones en el Perú, pues será una institución más que pierde credibilidad.
No en vano el exministro Luis Miguel Castilla sostiene que el mayor impacto de esta crisis será que no se va a poder recuperar la confianza en el corto plazo y “esa es la principal barrera para la recuperación de las expectativas de crecimiento y de la inversión privada” (pág. 2). En la misma línea se muestran los principales gremios empresariales, no en vano Confiep ha señalado que se requiere “confianza para que lleguen nuevos proyectos de inversión, los cuales necesitan reglas de juego claras para operar”.
Frente a estos hechos, toca buscar soluciones. Si bien el proceso judicial iniciado por el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder será de largo aliento, debe buscarse una salida que permita cierto grado de tranquilidad y dé señales de estabilidad tan necesarias para el entorno económico. La suspensión temporal que podría aplicar al JNJ puede ser un primer paso.
