¿Y la agenda sobre seguridad?

MINISTERIO DEL INTERIOR. Una de las consecuencias más perjudiciales de vivir inmersos en una crisis política que parece interminable, es que ello desvía nuestra atención de los asuntos urgentes en los que nos deberíamos estar enfocando. Por ejemplo, cómo mejorar en la práctica la calidad de los servicios de salud y educación, cómo seguir reduciendo la pobreza o cómo combatir la inseguridad ciudadana. Este último problema, de hecho, se ha mantenido consistentemente desde hace varios años como uno de los tres que más preocupan a los peruanos (Ipsos).

Quien no ha mostrado tener el mismo interés por el tema, sin embargo, ha sido el Gobierno de Pedro Castillo, como revelan varios hechos y circunstancias.

Primero, Willy Huerta, el actual titular de la cartera del Interior –el sector al que está adscrita la PNP y que es responsable de las políticas sobre inseguridad– es el séptimo en ocupar el cargo en menos de un año y medio de mandato. Ello sobre todo por responsabilidad del propio Gobierno, pues solo uno de esos cambios fue producto de una censura congresal. Y aun en ese caso (Senmache), es difícil sugerir que la censura no estuviera justificada: un ministro del Interior había permitido que otro exministro con el que había compartido gabinete (Silva) literalmente se fugue de la justicia. Algo así ameritaría la renuncia del titular del Interior en cualquier democracia del mundo.

Por definición, una rotación tan alta de titulares en cualquier ministerio hace imposible que en la práctica puedan implementarse las políticas de Estado necesarias para resolver cualquier problema de fondo, por lo que ya ese solo hecho demuestra el poco interés de este Gobierno por hacer algo serio para combatir la inseguridad. Pero, en este caso, esa ha sido solo una de varias muestras del desprecio de este Ejecutivo por la citada cartera.

Cabe recordar también cómo fue que primero asumió y días después dejó el cargo el exministro Mariano González, quien perdió la confianza de Castillo tras mostrarse dispuesto a apoyar las investigaciones contra el entorno del presidente; o los esfuerzos del actual ministro Huerta para minar el trabajo del equipo especial que lidera el coronel Harvey Colchado.

Si bien siempre ha habido críticas a este sector, hasta hace no mucho al menos se debatían propuestas de políticas públicas que, de alguna forma, apuntaban a combatir mejor la inseguridad: el esquema de recompensas, la reforma del 24 x 24 o la manera como debería integrarse el trabajo de la PNP con el de los serenazgos, por ejemplo. Este Gobierno, sin embargo, no ha planteado hasta ahora ninguna idea ni plan de fondo. ¿Tendrá alguna intención de hacerlo?