ELECCIONES REGIONALES. A primera vista, los resultados del proceso electoral para elegir gobernadores regionales y alcaldes dejan ya una gran lección política: la incapacidad de los partidos que se consideran nacionales para armar una propuesta que los ciudadanos de los diversos rincones del país puedan considerar propias. Eso sucede sin importar la tendencia ideológica de estos partidos. Así, por ejemplo, ni Perú Libre ni Fuerza Popular lograron hacerse con ninguno de los cargos regionales para los cuales presentaron candidatos.
Sin embargo, siendo que el presidente Pedro Castillo no pierde la oportunidad para señalar que sus detractores son los ciudadanos de Lima, o los del sector socioeconómico A/B y que cuenta con el apoyo “del pueblo”, resulta una fuerte llamada de atención que su liderazgo solo haya podido generar la elección de un alcalde para el partido de gobierno –Challhuahuacho, Apurímac, localidad vecina de la mina Las Bambas (Gestión 04.10.2022)– y que en la ciudad de Lima su candidato ocupara el último lugar. A pesar de lo que le digan sus asesores, Castillo debería recordar que “cuando el río suena es porque piedras trae”.
Si bien en nueve departamentos se deberá realizar una segunda vuelta para definir a sus gobernadores regionales, lo cierto es que, de 25 cargos vacantes, 15 podrían terminar en manos de candidatos de movimientos regionales. Esta situación no descalifica a quienes ocupen los cargos, pues eso dependerá de sus cualidades y capacidades personales, pero la búsqueda de una reforma política apuesta a que los espacios de estos movimientos regionales o locales sean cubiertos por las agrupaciones nacionales debido a que los movimientos regionales suelen ser volátiles. Es decir, por lo general, duran muy poco en términos de proyección electoral. Esto impide no solo apostar por proyectos de largo plazo sino también realizar el seguimiento de los candidatos y aplicar sanciones políticas frente a una autoridad que no cumple sus promesas o comete delitos.
Queda claro que este cambio no debe fundarse en una norma, deben ser los partidos políticos los que, en primer lugar, deben cambiar la mala imagen ganada a pulso al apostar más por “invitados” que por verdaderos militantes, al estar más interesados en la polémica que en la búsqueda de consensos y al no poder construir un discurso que integre y que los ciudadanos de las regiones sientan cercano. Si los partidos perdedores de estas elecciones buscan cambiar la realidad dentro de cuatro años, urge un replanteamiento político interno.