Que 20 años no es nada

INCLUSIÓN FINANCIERA. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó la semana pasada su plan estratégico multisectorial de política de inclusión financiera, que pone énfasis en medidas para que la población pueda acceder a la digitalización de los servicios financieros. Este documento fue elaborado junto con nueve entidades estatales entre ministerios (Midis, Midagri, MTC, Minedu, Produce), reguladoras (SBS y la Superintendencia del Mercado de Valores) y el Banco de la Nación, pues serán las encargadas de implementar las 30 medidas propuestas.

Quizás sorprenda a muchos saber que el Estado peruano asumió el compromiso internacional de priorizar la inclusión financiera en la agenda nacional hace una década, según informa el plan, que cita algunos avances que no parecen significativos. Por ejemplo, reconoce que los niveles de acceso y uso de servicios financieros son aún bajos respecto al promedio de América Latina, y que hay brechas notorias, en especial en las poblaciones más vulnerables (jóvenes de 18 a 24 años, adultos mayores). El plazo que el plan se traza para cumplir la treintena de medidas es de nueve años –es tan optimista que se plantea metas anuales hasta el 2030– y entonces surgen las dudas.

Si en once años se logró poco, nada asegura que en los próximos nueve se produzcan los dramáticos cambios que el plan propone, sobre todo porque se viene un cambio de Gobierno, lo que suele implicar la modificación de políticas (o su reemplazo por nuevas), la demora en su implementación y la reorientación de prioridades, que con frecuencia dejan de lado las que tienen un horizonte a largo plazo. En el caso de la inclusión financiera, no sería sensato darle largas a la aplicación de la estrategia, dada la urgente necesidad de que la grandes mayorías tengan acceso a los servicios financieros.

La pandemia puso en evidencia esta grave carencia. La distribución de bonos a afectados por las cuarentenas fue caótica porque buena parte de los beneficiarios no mantenía ninguna cuenta bancaria, mucho menos estaba familiarizada con las herramientas digitales que fueron puestas a su disposición, a lo que debe sumarse la deficiente orientación que se les ofreció.

El plan se enfoca precisamente en reforzar la educación financiera de la población, desde la etapa escolar hasta los adultos mayores, pues estima que una mayor y mejor información incidirá positivamente en otro factor: la falta de confianza en el sistema financiero. ¿Serán suficientes 20 años, en el mejor de los casos, para lograr la inclusión financiera en el país?