Colombia. Sin que hubiese existido antes un conflicto público relevante, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al Perú de “copar territorio colombiano” en directa violación del Protocolo de Río de Janeiro de 1934. Ello en referencia al distrito de Santa Rosa en Loreto; el mismo que de manera pasajera, por razones naturales, se había separado aparentemente de la isla peruana de Chinería, luego de que el Perú y Colombia definieran sus fronteras.
Tras la firma del citado protocolo, siempre ha estado claro que Chinería es territorio peruano. Lo que el presidente colombiano estaría reclamando erróneamente es que el distrito de Santa Rosa, que es parte de Chinería, es territorio colombiano. Ello en razón de la “separación temporal” de Santa Rosa de la isla de Chinería. No obstante, al siempre haberse tratado de un territorio integral de Chinería, no debería existir mayor controversia.
Lo que habría avivado el conflicto, desde la posición del Gobierno colombiano, sería la reciente creación del distrito de Santa Rosa, ubicado en la referida isla. Previamente, dicha localidad se venía manejando como un centro poblado. No obstante, no ha habido mayores cambios respecto de su cultura y población, que se sigue vinculando con Chinería.
Tras el anuncio, la Mancomunidad Regional Amazónica se pronunció en defensa de la soberanía peruana sobre la isla. Mediante un pronunciamiento, afirmó que el Perú viene ejerciendo soberanía sobre dicho territorio “de manera legítima, legal y de forma ininterrumpida desde hace más de un siglo”.
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El repentino anuncio de Petro, además, se contradice con lo que sería el argumento de la propia Cancillería Colombiana: que el territorio de Santa Rosa no habría sido adjudicado hasta el momento, un argumento que ya ha sido cuestionado incluso por más de un analista colombiano. Como ha explicado el diputado del Partido Liberal de Colombia, Juan Carlos Lozada, afirmar que el Perú “ha ocupado el territorio colombiano sería absolutamente inexacto”, pues ello se contradice incluso con la teoría del propio Gobierno. El mismo parlamentario opinó que no ha sido prudente en este momento “intentar escalar el lenguaje a invasiones o a ocupaciones”, pues lo que correspondería en todo caso es encontrar una solución por la vía diplomática.
Como era de esperarse, la acusación del presidente colombiano ha motivado el rechazo unánime de todos los sectores políticos en el Perú, así como de la sociedad civil y de la academia. En realidad, más que una decisión diplomática meditada, lo manifestado por Gustavo Petro parece más el producto de una decisión emocional, impulsada, entre otras cosas, por su preocupación por sus cada vez más bajos niveles de aprobación.
