El 30 de agosto, a más tardar, el Ejecutivo deberá entregar al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto Público 2027. Su elaboración está a cargo del MEF, a partir de los pedidos de recursos presentados por más de 2,000 entidades públicas, pero tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros en pleno. Un paso previo será la publicación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, también a cargo del MEF, cuyas proyecciones son la base de los supuestos del Presupuesto Público. Así que al ministro Elmer Cuba y su equipo le esperan jornadas desafiantes.
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Es que habrá que calcular cuánto dinero tendrá disponible la caja fiscal y cómo distribuir ese monto entre los pliegos presupuestales, pues no alcanzará para todo lo que se necesita. Al respecto, el MEF tendrá capacidad de decisión acotada, pues hay gastos corrientes que no podrá tocar (“gastos rígidos”), pues se trata de aumentos remunerativos y mayores beneficios a servidores públicos aprobados por el Congreso. Durante el periodo legislativo 2021-2026, esos gastos significaron un costo fiscal de más de S/ 50,000 millones, de los que S/ 15,000 millones fueron añadidos este año.
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Para darnos una idea de la magnitud de estos gastos, el presupuesto institucional de apertura (PIA) del 2026 ascendió a S/ 257,562 millones, o sea que la quinta parte estaba destinada a los nuevos gastos rígidos. Además, un efecto negativo de ese costo fiscal ha sido la contracción de la inversión pública (gasto de capital). Según un informe de la Escuela de Gobierno de la PUCP, el Presupuesto Público de este año elevó en 4.9% el gasto corriente, mientras que redujo en 11.2% el gasto de capital. Con estos antecedentes, habrá poco margen de maniobra para presupuestar grandes obras de infraestructura, como las anunciadas por la presidenta Keiko Fujimori. Así que será necesario priorizar proyectos, como la Carretera Central.
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Otra dificultad será la coordinación de la ejecución presupuestaria con los gobiernos subnacionales, pues el 2027 empezará con nuevos gobernadores y alcaldes, quienes pasarán sus primeros meses sumidos en el consabido “periodo de aprendizaje”. Un gasto necesario será la atención a los damnificados y la respuesta a los daños en la infraestructura causados por El Niño, incluida su posterior e inmediata reparación –no esperar meses e incluso años para hacerlo–. Todas estas acciones tendrán que coordinarse con las mencionadas autoridades “novatas”, así que es probable que el Gobierno nacional asuma el grueso de la responsabilidad.
