Obsesión populista

PROYECTOS. Si se trata de producción legislativa, el actual Congreso se podría jactar de haber realizado una labor “aceptable”. El problema es que la mayoría de las leyes que ha aprobado –y en muchas ocasiones promulgado, pues el Ejecutivo no lo hizo– no tiene sustento técnico y su objetivo sería principalmente populista, ya sea para que sus respectivas agrupaciones obtengan votos en abril o para que sus autores y promotores sean recordados favorablemente para cuando candidateen para gobernadores (o gobernadoras) y alcaldes.

Un agravante de la avalancha legislativa es que muchas leyes afectan el presupuesto público, pese a que el Congreso está impedido de afectar las cuentas fiscales, y otras tantas no se ajustan a la Constitución. Un ejemplo es la Ley 31079, que crea las “municipalidades de centros poblados”, pese a que la Carta Magna no las menciona. Fue promulgada el viernes último por la presidenta del Legislativo, Mirtha Vásquez.

Ese curioso agregado a la división política del país no ha llamado mucha atención mediática ni de especialistas, pese a que también tendrá efectos presupuestales, pues más alcaldes y más regidores implicarán mayor gasto corriente. Lo más descabellado de la norma es que otorga a los municipios provinciales la facultad de crear esas novísimas jurisdicciones. El Congreso es el encargado de crear distritos y provincias, y esa parece ser una de sus labores favoritas –entre el 14 de setiembre y el 15 de octubre creó siete distritos–. De nuevo, esa obsesión legislativa impacta en el presupuesto.

También lo hacen leyes recientes, como la que asigna dos puntos porcentuales del IGV a los gobiernos regionales (promulgada por Manuel Merino) y proyectos de ley aprobados por el pleno, como el que elimina topes para la negociación colectiva de trabajadores estatales. Hasta el propio proyecto del Presupuesto Público 2021 fue objeto de intromisión.

Y este accionar está lejos de acabar. Un estudio del Consejo Fiscal (CF) advierte que ya se han presentado 328 proyectos de ley con impacto en las finanzas públicas, y 97 de ellos cuentan con dictamen positivo en alguna comisión y significarían un costo de S/ 30,000 millones para el fisco. Una muestra más de la irresponsabilidad del Parlamento.

Otro caso preocupante es el de “devolución” de aportes a la ONP, que fue observado por el Ejecutivo y cuya insistencia será debatida este miércoles, sobre el cual el presidente Francisco Sagasti ha adelantado que se apelará al Tribunal Constitucional. El CF alerta de que, con la “devolución” y la entrega de un bono para los actuales pensionistas, la deuda pública alcanzaría el 41% del PBI en el 2024.

En suma, el largo plazo y la prudencia fiscal no son una prioridad legislativa.