La nueva gestión de la Policía Nacional ha colocado la lucha contra la corrupción entre sus prioridades. Es una decisión necesaria. Al asumir el cargo, el comandante general Fredy López anunció que se perseguirá y detendrá a los policías que transgredan la ley. La presidenta Keiko Fujimori sostuvo, además, que no se puede permitir que “actos individuales de corrupción” manchen a la institución.
El problema es determinar hasta qué punto estamos únicamente ante actos individuales. La sucesión de denuncias e investigaciones obliga a hacerse la pregunta. En los últimos meses se han conocido casos de policías investigados por apropiarse presuntamente de dinero incautado, cobrar para recibir una denuncia o favorecer contrataciones. Más grave aún, existen investigaciones sobre efectivos que habrían colaborado con organizaciones criminales, mientras al menos un policía ha sido condenado por el delito de organización criminal.
Esto, sin embargo, no permite calificar de corrupta a una institución integrada por alrededor de 138,000 efectivos y que combate precisamente a esas organizaciones. Pero tampoco debería bastar con identificar al mal policía, sancionarlo y esperar al siguiente caso. Más aún cuando la confianza ciudadana es muy baja, pues entre julio y diciembre del 2025, apenas 13.4% de la población confiaba en la PNP, según el INEI.
Por ello es urgente una verdadera reforma. En octubre del 2025, desde estas páginas advertíamos que cualquier iniciativa en ese sentido debía comenzar por la formación. Recordábamos problemas como por ejemplo la dificultad para estandarizar la enseñanza en las escuelas policiales. El propio plan de gobierno de Fuerza Popular reconoce ello y prometió fortalecer las escuelas policiales y mejorar la convocatoria para seleccionar jóvenes con vocación de servicio, disciplina e integridad.
La exigencia es mayor porque el Gobierno se propone fortalecer significativamente las capacidades de la Policía. El ministro del Interior, César Astudillo, ha anunciado S/ 1,175 millones para seguridad, mientras el plan gubernamental contempla patrulleros inteligentes, cámaras interconectadas, videovigilancia, geolocalización e inteligencia artificial. Una PNP que enfrenta organizaciones criminales cada vez más sofisticadas necesita mejores herramientas.
Pero una Policía con más tecnología, información y recursos necesita también mayores salvaguardas frente al uso indebido de estas herramientas. El riesgo es especialmente grave cuando un efectivo no solo infringe la ley, sino que puede poner información o capacidades policiales al servicio de quienes debería combatir.
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Perseguir a los policías corruptos es indispensable, pero ocurre cuando el daño ya se produjo. La reforma será más profunda si consigue algo bastante más difícil, como seleccionar, formar, supervisar mejor y reducir las oportunidades para que la corrupción encuentre espacio dentro de la Policía.
