Medidas populistas

RÉGIMEN CAS. No cabe duda de que es necesaria una revisión a los diferentes regímenes laborales que se aplican en el Estado para unificarlos de tal manera que todos los que tengan un trabajo cuenten con todos los derechos laborales que les corresponden.

Sin embargo, un factor que debe estar siempre presente es que los fondos que se utilizan para pagar a los trabajadores del Estado provienen de los contribuyentes (impuestos) y, como tal, son finitos y dependen del presupuesto nacional. Es debido a este factor que la Constitución establece claramente que los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos (artículo 79 de la Constitución), un punto que por desconocimiento o desinterés los parlamentarios siempre olvidan.

Ello ha quedado demostrado con la última decisión de la Comisión de Trabajo del Congreso, que aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley que busca otorgarle a los trabajadores del régimen laboral CAS el derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), una medida a la que el MEF se opone, pues no contempla una evaluación presupuestal del costo que la norma le generaría al fisco, y podría ser perjudicial especialmente en el contexto económico que vive el país, en el cual hay una restricción fiscal y el Estado cuenta con pocos recursos para poder enfrentar los costos que generaría la ley.

Es cierto que esta medida populista adoptada por la Comisión de Trabajo se suma a la tomada por el Congreso anterior y que impide al Gobierno firmar nuevos contratos CAS, una medida tan perjudicial que en la ley de presupuesto para este año el actual Gobierno tuvo que establecer que se podían extender los contratos CAS vigentes por un año más.

La meta desde que se creó Servir fue que los trabajadores CAS pudieran dejar ese régimen, pero lo harían de manera gradual y bajo criterios y requisitos específicos para poder ser incorporados. Tratar de hacerlo de otra manera solo generará que las entidades busquen otras salidas, como ocurrió en algunas instituciones donde se empezó a utilizar los contratos de menor cuantía. También es importante pensar que la imposibilidad de contratar vía CAS termina perjudicando más a los gobiernos locales y regionales, como ya han denunciado algunas autoridades.

El pleno debería evaluar el tema y no aprobar esta norma, y si lo hace, el Gobierno debe seguir la recomendación del MEF y observar la medida. De no hacerlo, el costo para el país será muy alto.