Madre de Dios

OLVIDO. Los candidatos presidenciales, incluso en pandemia, recorren el país en busca de votos con sus promesas fantasiosas. Suelen estar acompañados de los aspirantes al Congreso del departamento visitado, quienes acostumbran a realizar ofrecimientos todavía más inverosímiles. Pero hay una excepción: Madre de Dios.

Quizás porque está demasiado lejos, aunque lo más probable sea porque es el menos poblado (141,070 habitantes según el censo del 2017). Eso significa muy pocos votantes, apenas 114,966 según el JNE para los comicios de este año, población electoral que es inferior a la del distrito limeño de Jesús María –aunque habría que recordar que ha habido contiendas que se han decidido por un margen menor–. El desinterés se acentúa debido a que Madre de Dios solo elige un congresista. En suma, el razonamiento de los políticos parece ser ¿para qué gastar dinero, tiempo y abrazos en un departamento que no es estratégico?

Y si en campaña electoral pasa casi desapercibido, el resto del tiempo es completamente ignorado. Hace dos semanas, el país se enteró de que las lluvias causaron alrededor de 16,000 damnificados (más del 10% de la población), pues el aumento del caudal de los ríos Inambari, Tambopata y Madre de Dios inundó viviendas y colapsó redes de saneamiento y electricidad. El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días, como dicta la costumbre, y volvió a concentrarse en la emergencia por el COVID-19.

Esa mala noticia fue opacada por el ingreso de inmigrantes haitianos por la frontera con Brasil, pero el “vacunagate” hizo que los medios y el público olviden pronto los problemas puntuales que afectan al lejano Madre de Dios. Ni siquiera el manejo de la pandemia, mejor que en otros departamentos debido a que se tomaron medidas preventivas ante la segunda ola, ha merecido titulares destacados. Quizás si los contagios vuelven a aumentar –los damnificados han sido alojados en colegios– habrá algún reportaje especial.

Pero más allá de dificultades temporales, este departamento sufre de profundos problemas estructurales. Para empezar, es una muestra de lo imprecisa que es la medición de la pobreza monetaria. Según el INEI, el 9.2% de su población vive en esa situación, pero solo el 47% tiene acceso a agua, saneamiento y electricidad (el promedio nacional es 75%) y el 51.4% de menores de tres años padece anemia. Son datos pésimos para un departamento “no pobre”. Si le sumamos la minería y la tala ilegales, que atentan contra la vida y el medio ambiente, veremos que ya es tiempo de actuar.