Leyendo a la ciudadanía

ELECCIONES. Ninguna encuesta es determinante, pero sirven para conocer la percepción de la población en un momento determinado. Así, la última encuesta de Datum deja ver que sin importar por quién votaron en la segunda vuelta, para un 65% de los consultados sí hay indicios de fraude en las últimas elecciones. Este porcentaje es de 62% en el sur del país y alcanza al 73% en el centro. De igual manera, se pone en duda la imparcialidad del JNE y de la ONPE, con cifras que superan el 50% sobre todo en el centro y sur del país. Esta realidad no ayudará a la legitimidad del próximo Gobierno, por lo que, tal como hemos repetido desde estas líneas, es necesario que el JNE le dé prioridad al fondo y resuelva todas las impugnaciones y pedidos de nulidad planteados.

Pasado este momento y cuando finalmente el JNE proclame a quien ocupará el sillón de Pizarro en los próximos cinco años, quien asuma debe tener presente que si bien la segunda vuelta hace que los ciudadanos deban elegir entre dos opciones, lo cierto es que en la mayoría de los casos los votos obtenidos no muestran el nivel de apoyo, sino el desacuerdo con el otro candidato.

No en vano el candidato de Perú Libre decidió moderar los planteamientos del ideario de su partido y en la segunda vuelta optó por elaborar el llamado Plan Bicentenario, hecho con ayuda de técnicos provenientes de otras canteras, como el economista Pedro Francke, quien ha señalado que varias de las propuestas plasmadas en el “ideario” no serán aplicadas. Sin embargo, falta conocer si en caso de que asuma la Presidencia sus acciones estarán encaminadas a la moderación o al ideario de Perú Libre.

Los resultados de la última encuesta de Datum revelan el desacuerdo mayoritario de la población con el ideario de Perú Libre, pues un 69% está en contra de la prohibición de las importaciones. En el caso del centro del país la cifra es de 55% y 57% en el sur. De igual manera, un 67% considera inadecuado el control de precios, cifra que llega a 73% en el centro y a 68% en el sur del país. Y solo un 20% está a favor de un cambio completo en la Constitución. Con estas cifras es claro que aun quienes votaron por Pedro Castillo no están a favor del “ideario” y que su voto estuvo más fundamentado en discrepancias políticas que en razones económicas.

El reto del próximo Gobierno será identificar coherentemente el veredicto popular. Si bien la ciudadanía espera cambios, sería un error pensar que estos deban ser radicales, y por el contrario, lo que se requiere es trabajar concertadamente incluyendo al sector privado, tan importante para generar empleo e inversiones. Leer correctamente a la ciudadanía será la clave.