Las próximas elecciones regionales y municipales están revelando una preocupante constante: cada vez son más frecuentes las candidaturas que, sin violar abiertamente la ley, encuentran la manera de eludir su espíritu. Son, fundamentalmente, sacadas de vuelta a las reglas que buscan preservar la alternancia.
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El caso más reciente es el de Rafael López Aliaga. El JNE despejó el camino para que el líder de Renovación Popular postule como teniente alcalde de Lima, pese a haber sido proclamado senador electo. Ello porque, según la entidad, al interpretar que “la sola elección y proclamación” como senador “activa el impedimento previsto” en el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales (LEM) “implicaría extender una restricción del derecho a ser elegido a una situación que la norma no contempla expresamente.
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Puede tratarse de una interpretación jurídicamente defendible, pero abre un precedente riesgoso: convierte una restricción diseñada en un obstáculo fácilmente evitable. Si basta con no juramentar para competir por otro cargo, la prohibición pierde buena parte de su eficacia.
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La misma lógica aparece en Magdalena. Francis Allison dejará la alcaldía para intentar llegar a la Municipalidad de Lima, mientras su esposa, Carla Robbiano, busca sucederlo en el distrito. Nadie discute que los vecinos tendrán la última palabra en las urnas. El problema es otro: cuando una gestión pretende prolongarse a través de un familiar directo, la alternancia deja de ser un principio institucional relevante. Recordemos que la democracia exige competencia real y renovación del poder.
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Más inquietante resulta el caso de la familia Iñigo, detallada por Cuarto Poder. Mientras el Ministerio Público investiga al actual alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo, él y su entorno familiar buscan controlar simultáneamente las alcaldías de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.
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Fuera de Lima el panorama es aún más delicado. En Pataz proliferan candidatos con sentencias, denuncias o vínculos con la minería informal en una provincia asediada por el crimen organizado. A nivel nacional, una investigación de La República reveló que uno de cada cuatro candidatos a gobernador regional registra sentencias declaradas ante el Jurado Nacional de Elecciones.
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Las instituciones encargadas de prevenir estos escenarios han mostrado demasiadas limitaciones. Cuando la ley es burlada sin romperse y los filtros políticos fracasan, queda un último dique de contención: el voto ciudadano. En octubre, el voto será también un juicio sobre quienes pretenden convertir las reglas en simples obstáculos que pueden rodearse. La peor sacada de vuelta a la ley sería premiarla en las urnas.
