Editorial de Gestión. Esta decisión no implica, desde ninguna perspectiva,  que la intervención estatal deba ser la regla en el mercado. Esta debe ser aplicada solo en casos excepcionales.  (Foto composición | GEC)
Editorial de Gestión. Esta decisión no implica, desde ninguna perspectiva, que la intervención estatal deba ser la regla en el mercado. Esta debe ser aplicada solo en casos excepcionales. (Foto composición | GEC)

REGULACIÓN. “La línea que defendemos en Gestión existe y está muy bien definida”, recordábamos en nuestro editorial de aniversario. Así, si bien está claro que rechazamos la intervención estatal en la actividad privada, reconocemos que la regulación resulta necesaria cuando soluciona un problema en el mercado que las partes no pudieran resolver a la velocidad necesaria. Esto es positivo siempre y cuando esta intervención se realice tras un análisis adecuado de costo-beneficio, con la participación de todas las partes involucradas y bajo criterios estrictamente técnicos. Queda claro que eso fue lo que sucedió con la publicación del reglamento de interoperabilidad de billeteras digitales y demás servicios de pago.

La interoperabilidad no fue un mecanismo planteado de la noche a la mañana, sino que se estuvo evaluando desde hace varios años, a tal punto que frente a Yape y Lukita ya había surgido una plataforma que abarcaba más de una entidad financiera, como Plin. Es decir, fueron los propios actores del mercado los que ya venían trabajando en lograr la interoperabilidad, tan útil para los usuarios. Desde esa perspectiva, la medida adoptada por el Banco Central de Reserva, tal como refiere Ljubica Vodanovic (Gestión 13.10.2022), es una apuesta del ente emisor para “fomentar la inclusión financiera”, entendiendo que la falta de interoperabilidad es “la razón principal por la que no había despegado el dinero electrónico en Perú”. Si bien esta medida ayudará a millones de usuarios, requerirá un trabajo exhaustivo para que se sigan los más altos estándares en materia de seguridad de la información y la ciberseguridad, pues de lo contrario se desincentivará su uso.

Sin duda, este no es el primer caso de regulación y podría no ser el último, pero esta decisión no implica, desde ninguna perspectiva, que la intervención estatal deba ser la regla en el mercado. Esta debe ser aplicada solo en casos excepcionales. De lo contrario, también se corre el riesgo de desincentivar la innovación, la mejora de los productos o la competencia. Resulta importante analizar los pros y contras antes de plantear la regulación estatal, porque, como dice el refrán, “el camino al infierno está plagado de buenas intenciones”.


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