La delegación de facultades será la primera gran prueba política del Gobierno de Keiko Fujimori. No tanto por el contenido del proyecto de ley, cuya versión final todavía se está elaborando, sino por la capacidad del Ejecutivo para construir los consensos que necesita en un Congreso bicameral donde las mayorías ya no pueden darse por descontadas. Si el oficialismo pretende sacar adelante un pedido amplio, tendrá que convencer, negociar y, probablemente, ceder mucho.
LEA TAMBIÉN: “Shock” ferroviario de Fujimori: terminar la Línea 2 y ejecutar la 3, 4, 5 y 6; ¿se logrará?
Durante la última semana se ha conocido bastante sobre un borrador del proyecto. Allí se incluyeron propuestas tan diversas como cambios en el régimen tributario, flexibilización laboral, un nuevo esquema para las mypes, modificaciones al sistema financiero, reducción de feriados, reformas del Estado y cambios en la administración de los penales. Es un paquete ambicioso, quizá demasiado para una delegación de facultades que, idealmente, debería ser específica.
LEA TAMBIÉN: Fujimori propone eliminar ley que puso en jaque peajes: ¿qué implicaría los usuarios?
El propio Gobierno ha insistido en que se trata solo de un borrador. Ministros como Juan Sheput y Marco Vinelli han repetido que el documento sigue en revisión y que aún faltan ajustes. La presidenta, incluso, ha descartado públicamente un recorte de feriados y de derechos laborales, pese a que esos temas estaban como una posibilidad en la versión difundida. Es difícil no advertir cierta contradicción entre lo que plantea el borrador y lo que luego sostienen públicamente las autoridades.
LEA TAMBIÉN: Cosco lleva disputa contra Ositrán por el puerto de Chancay ante el Tribunal Constitucional
Esa indefinición aconsejaría prudencia. La propia presidenta Keiko Fujimori ha reconocido que el proyecto todavía no está listo y que recién podría presentarse la próxima semana, luego de superar retrasos en los nombramientos de viceministros y culminar la revisión del texto. Es decir, el Ejecutivo sigue afinando una propuesta que incluso ha obligado a postergar reuniones del Consejo de Ministros previstas para aprobar la versión final.
LEA TAMBIÉN: El Niño no da tregua a la pesca: el golpe a los empleos en medio de “marea” climática
La nueva bicameralidad impone otra lógica. Ya no basta con confiar en una mayoría circunstancial. Habrá dos cámaras, dos debates y una negociación política más compleja. Incluso bancadas que no cierran la puerta al pedido han advertido que este debe ser específico y acotado, no un cheque en blanco. Las facultades extraordinarias no son un acto de fe. Se conceden cuando el Ejecutivo demuestra que sabe exactamente qué necesita, para qué lo necesita y, sobre todo, cuando entiende que gobernar también implica tender puentes.
