(Foto: Cortesía - Diego Ramos)
(Foto: Cortesía - Diego Ramos)

AUTORIDADES. La falta de una respuesta oportuna y coordinada al traslado a sus departamentos de origen de decenas de miles de peruanos –que a raíz de la cuarentena se quedaron sin trabajo– es otra penosa prueba del fracaso del llamado proceso de descentralización. Si se piensa atribuir este abrumador descuido solo al Gobierno de Vizcarra, habría que preguntarse si algún gobernador regional anticipó tal desborde o si tomó acciones para abordar el problema.

Como suele ocurrir ante emergencias (terremotos, inundaciones, etcétera), la iniciativa provino del Ejecutivo, que fijó un protocolo –aunque tardíamente– cuando se supo del primer caso de desplazados, hace dos semanas: realización de pruebas rápidas, aislamiento de los infectados, traslado de los no infectados y cuarentena en hospedajes u otros establecimientos en ciudades de destino. Esta última fase corre por cuenta de los gobiernos regionales y se está fallando. Aunque se advirtió que estos no eran los más indicados para asumir esa tarea.

Algunos gobernadores adujeron que no tenían presupuesto, e inmediatamente el Gobierno destinó recursos. Pero la inacción continuó y el número de familias en las carreteras y durmiendo a la intemperie siguió creciendo, exponiéndose al contagio. Las quejas también han ido en aumento, sobre todo las dirigidas a los gobiernos regionales –Loreto, Piura, Apurímac, San Martín, Cusco, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho y sigue la lista–, pues las personas se sienten abandonadas por sus autoridades.

Como ocurre desde hace más de una década, no se trata de falta de recursos fiscales, sino de ineficiencia para gastar y escasa capacidad de gestión. Por ejemplo, hasta la semana pasada, los gobiernos regionales solo habían usado el 26% del presupuesto para afrontar la crisis sanitaria. Además, no todos han activado planes de respuesta; algunos ni siquiera los han aprobado. La mayoría de municipios tampoco ha estado a la altura del desafío. Según la Contraloría, solo el 32% de los que ya repartieron las canastas de víveres no recibió ninguna observación por irregularidades. Y las demoras en el reparto han estado concentradas en distritos con mayor población vulnerable, incluidos los de Lima.

El presidente Vizcarra y sus ministros evitarán cualquier conflicto con los gobernadores –por razones políticas–, y en el Congreso es improbable que se critique a aliados políticos, de modo que este triste éxodo continuará hasta que el Ejecutivo dicte alguna medida adicional. Por ejemplo, que las cuarentenas se realicen en Lima.

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