El Estado en cuestión

ROL. La pandemia y el proceso electoral han puesto sobre el tapete el tema de la intervención del Estado en la economía. Se habla mucho, pero quizás lo primero a preguntarse es ¿cómo se da esa intervención? Una forma es a través de actividad empresarial –que es normalmente donde se centra el debate–, pero también se da a través de las políticas públicas, y con su accionar como regulador de la prestación de servicios de privados.

En el caso de la actividad empresarial su rol se encuentra reducido si se compara con la década del 80, aunque todavía hay casos como el de Petroperú, cuya labor no satisface las expectativas y se embarca, muchas veces, en proyectos de gran costo y poca rentabilidad social. Sin embargo, a pesar de estar reducido no logra que los servicios que presta sean de calidad, en la mayoría de los casos. Para todos es evidente la ausencia del Estado en varias partes del territorio nacional donde no existe ningún tipo de servicio público o lugares como Talara, donde a tres cuadras de la nueva refinería –que cuenta con tecnología de primer nivel– hay una posta que no cuenta con los implementos ni insumos adecuados para tratar a su población o para trasladarla a hospitales de mayor complejidad.

¿Qué se busca del Estado: que tenga mayor participación empresarial o que brinde servicios básicos de calidad a todos los habitantes del país? Qué es más importante, contar con una línea aérea de bandera o que la educación pública sea de calidad y ningún niño se quede sin vacante?

El debate se ha centrado en si el Estado debe participar más o menos, cuando lo real es que, dado que los ingresos del Estado son pocos, su intervención debe estar focalizada y priorizada para dirigirse a los aspectos más importantes en la vida del ciudadano.

Pero también es importante remarcar que la intervención del Estado se da a través de su función reguladora, directamente vía los organismos regulares o mediante las leyes que salen, ya sea desde el Ejecutivo y del Congreso, las cuales en reiteradas ocasiones se aprueban con poco debate y escasa o nula sustentación.

Finalmente, cualquier debate respecto a la intervención del Estado debe incluir el futuro de los más de 1.5 millones de trabajadores que laboran en él. Se hace necesaria una evaluación profunda para mantener solo a quienes están capacitados para asumir los nuevos retos (como el gobierno electrónico). No es fácil, ya se ha intentado en diversos gobiernos, pero, aunque la tarea sea difícil de asumir, es ineludible insistir en ese objetivo. Lamentablemente, ninguno de estos temas está en el debate de los candidatos.