Dudas preocupantes

INDECISIÓN GUBERNAMENTAL. Tras la muerte del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, el Ejecutivo parece estar jugando al gran bonetón con el destino de su cuerpo. Inicialmente el ministro de Defensa señaló que sería una decisión que se tomaría al interior del Consejo de Ministros. Horas más tarde, el titular de la PCM prefirió no asumir responsabilidad y sostuvo que sería el presidente Pedro Castillo quien decidirá lo qué pasará con el cuerpo del terrorista. Sin embargo, el ministro de Justicia salió al paso y dijo que la responsabilidad era del Ministerio Público.

Este comportamiento se volvió más grave cuando en su mayoría los miembros del Ejecutivo no tuvieron un claro deslinde tanto con la organización terrorista Sendero Luminoso como con su brazo político (Movadef). Un ejemplo de ello han sido las comunicaciones oficiales o vía Twitter que muestran que no todos los miembros del Gabinete han sido tajantes en su rechazó a SL . Por ejemplo, el ministro de Trabajo solo retuiteo lo escrito en la cuenta de Pedro Castillo y el ministro de Transportes, consultado sobre su opinión por la muerte del terrorista, contesto: “Nada, estamos en otras actividades”. Solo después emitió un comunicado.

Pero más que las palabras importan las acciones, y el comportamiento de este Gobierno deja mucho que desear en este tema. Por ejemplo, aún se mantiene en el Gabinete a dos ministros (Maraví y Bellido) que están bajo sospecha de simpatías con SL, y hasta ahora no hay intención de retirarlos.

En el caso de la muerte de Abimael Guzmán, el ministro de Justicia envió un oficio a la fiscal de la Nación, en el que se señalaba que el cuerpo del terrorista debería ser incinerado, ya que otra decisión “podría conllevar a afectaciones al orden público y la seguridad de toda nuestra sociedad, poniendo en riesgo la seguridad de peruanos y peruanas, pues no se puede negar que para este sanguinario grupo terrorista los restos de este delincuente son un símbolo de su insania, y buscarán enaltecerlo y homenajearlo”.

El texto del oficio deja una pregunta, si para el Ejecutivo es tan claro lo que debe hacerse, así como el perjuicio que conllevaría cualquier otra decisión, ¿por qué no dio un decreto de urgencia para disponer la cremación sin esperar a otras instancias?, ¿a qué o a quién le tiene miedo? El argumento utilizado es la autonomía del Ministerio Público, pero lo cierto es que en un tema que atañe al país nadie objetaría que el Ejecutivo tome la decisión en sus manos.

Esta falta de definiciones se resume en la actitud del mandatario, que frente a un hecho de tanta importancia responde: “Nada va a distraer al Gobierno de sus prioridades”. ¿Dar una señal clara de censura a quienes aún mantiene el pensamiento terrorista de SL no es una prioridad del Gobierno?