Editorial de Gestión. Si el sistema financiero no podrá cobrar por lo que presta, no tendría cómo pagarles a los ahorristas.
Editorial de Gestión. Si el sistema financiero no podrá cobrar por lo que presta, no tendría cómo pagarles a los ahorristas.

PROYECTOS. El Congreso está dando muestras de creatividad gramatical. No nos referimos a la singularidad argumental que suele observarse en los debates o en las declaraciones que hacen los parlamentarios para sustentar sus sinsentidos, sino al nuevo paquete de proyectos que crearía un nuevo oxímoron: decretar por ley que el costo del crédito sea cero, vía la exoneración o condonación, durante el periodo de emergencia, del pago de intereses de los créditos que las personas tienen con el sistema financiero. También se quiere congelar el pago de cuotas de préstamos por varios meses.

La tasa de interés (activa) es la retribución que bancos y demás entidades financieras cobran por el dinero que prestan, que no es suyo, sino en mayor parte de sus ahorristas, a quienes les pagan otra tasa de interés (pasiva) por sus depósitos. Si el Congreso declarase la gratuidad de los créditos, cabría preguntarse qué pasará con la tasa pasiva que reciben los depósitos del público, pues si el sistema financiero no podría cobrar por lo que presta, no tendría cómo pagarles a los ahorristas.

El Congreso ya ha dado muestras de dadivosidad, tanto con dinero privado –el retiro del 25% de las AFP–, como público, ya sea aumentándose su presupuesto o aprobando la gratuidad del peaje y el cambio de régimen laboral de personal de salud –lo que le costará al Gobierno S/ 4,000 millones anuales–, entre otras decisiones que comprometen la estabilidad de las cuentas nacionales.

Además de la generosidad extrema, estas disposiciones también se caracterizan por la falta de análisis rigurosos. Ni siquiera se ha consultado a las entidades encargadas, como ocurrió con los peajes –la opinión del MTC y del regulador, Ositran, fue ignorada– o con el proyecto sobre el personal de salud –oídos sordos a las advertencias del Minsa y Essalud–. Para el retiro de las AFP, el Congreso convocó al MEF, BCR y SBS, lo que ayudó a que redujera sus pretensiones iniciales. También atenuó el impacto el control de daños ex post realizado por el BCR.

Es necesario que esta tríada vuelva a conversar con los legisladores. Es que es urgente hacerles entender que los créditos son contratos y que la Constitución prohíbe modificar contratos con leyes u otras normas (artículo 62). También hay que escuchar a las empresas del sistema, que durante la emergencia han reprogramado deudas con el 50% de sus clientes, gracias a que la SBS ha flexibilizado ciertas reglas y trabaja en medidas adicionales de alivio. Hacerlo al caballazo, como pretende el Congreso, no es la solución.