Controles e ineficiencias

MEDICAMENTOS. El incremento de precios de medicinas utilizadas para el tratamiento del covid-19 es uno de los temas que está en la agenda desde hace varios días. Los consumidores denuncian que en las farmacias les dicen que no tienen la versión genérica, sino solo la de marca, más cara. La respuesta inmediata frente a la denuncia son los pedidos para establecer controles, dejando de lado un principio microeconómico básico: cuando aumenta la demanda y la oferta no sigue ese comportamiento, los precios suben.

Sin embargo, cabría preguntarse si el mercado farmacéutico se comporta como establece la ley de la oferta y la demanda. Para empezar, el Estado representa cerca de un tercio de las compras de fármacos y la pandemia ha reconfirmado que es un pésimo comprador. Desde materiales de protección no adecuados para proteger contra el contagio del virus hasta ventiladores que no funcionaban, la crisis ha puesto de manifiesto severas ineficiencias logísticas.

En el caso de los medicamentos, el Estado los adquiere para distribuirlos en sus redes de salud y, supuestamente, no cobra por ellos a los usuarios, ya que su provisión está incluida en sus seguros médicos. Pero los consumidores tienen que comprar los medicamentos en las farmacias porque en los hospitales les dicen que no hay. Esta clase de reclamos no ha surgido por causa del covid-19 sino que ocurre todo el tiempo.

En el caso de medicinas para tratar el COVID-19, quizás hace dos meses no era posible prever un aprovisionamiento adecuado, pero lo incomprensible es que el Gobierno exija a las farmacias tener en stock los tres genéricos que escasean en sus propios centros de salud. Tampoco tendría sentido fijar precios de referencia para estas y otras medicinas, así como para bienes y servicios “de primera necesidad”, como pretende el Congreso, pues ello generaría mercados negros. Sería negligente aplicar medidas que han fracasado una y otra vez.

La solución es afianzar la supervisión, para detectar el acaparamiento, adulteración, falsificación y contrabando, así como poner mano dura contra los robos en los almacenes del Minsa y Essalud, y proporcionar al público información sobre la oferta de medicamentos, incluidos los precios. Al respecto, ya existe un observatorio, manejado por el Minsa, de modo que hace falta potenciarlo y ampliar su difusión. Y si el Congreso busca legislar sobre el tema es importante que sus integrantes tengan un mejor conocimiento ahora que se inició el debate con base en el proyecto presentado por la Fiscalía y por otros congresistas en la Comisión de Defensa del Consumidor.