Terminal clave. El puerto de Chancay se ha consolidado como un potente motor de la infraestructura portuaria en el Pacífico Sur y un estandarte para el Perú. Su imponente ingeniería y su potencial para reconfigurar el comercio global son innegables.
Sin embargo, el reciente fallo de la Segunda Sala Constitucional de Lima, que revierte una sentencia de primera instancia y devuelve al Ositrán sus plenas facultades de supervisión sobre el terminal de Cosco Shipping, pone sobre la mesa un debate indispensable.
La decisión judicial que declara improcedente el amparo de la empresa china no debe ser leída, bajo ninguna circunstancia, como un ataque a la inversión extranjera o un cambio abrupto en las reglas de juego. Al contrario, representa una saludable ratificación de la institucionalidad en el país.
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El argumento central del tribunal es clave: aunque el terminal sea de propiedad y capital 100% privados, la naturaleza de su actividad configura un servicio de uso público. Pretender que una infraestructura de esa magnitud opere en un “limbo fiscalizador”, de espaldas al escrutinio del organismo regulador, habría sentado un precedente peligroso para el ordenamiento legal del país.
Garantizar que el Ositrán supervise el puerto no tiene por qué traducirse en un desaliento para los inversionistas privados. Las reglas claras y la predictibilidad son los verdaderos pilares de la confianza empresarial.
Un regulador técnico, fuerte e independiente no es un enemigo del desarrollo, sino un árbitro necesario que previene distorsiones de mercado y asegura una competencia justa. La fiscalización no ahuyenta el capital; lo que ahuyenta a los buenos inversionistas es la opacidad, la inestabilidad jurídica y la existencia de privilegios o excepciones corporativas.
“Garantizar que el Ositrán supervise Chancay no tiene por qué traducirse en un desaliento para los inversionistas. Las reglas claras y la predictibilidad son los verdaderos pilares de la confianza empresarial”. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
El gran desafío para el Ositrán radica ahora en demostrar una madurez institucional impecable. Aquí está la clave. Su labor debe ceñirse estrictamente a un criterio técnico y predecible, totalmente alejado de cualquier sesgo burocrático, ideológico o de asfixia regulatoria (esto es, justamente, lo que sí desalienta cualquier inversión).
Supervisar con firmeza no implica obstruir la eficiencia operativa de un puerto que el Perú necesita funcionando a su máxima capacidad. Si el regulador actúa con la proporcionalidad que la ley le exige, Cosco Shipping no tendrá motivos para cuestionar.
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Esta historia aún tiene páginas pendientes, pues la empresa ya advirtió que acudirá al Tribunal Constitucional para revertir el fallo, un camino similar al que tomará tras la reciente resolución judicial a favor del Indecopi.
