Canon desperdiciado

INVERSIÓN PÚBLICA. Los recursos del canon provienen de un porcentaje del Impuesto a la Renta pagado por empresas que extraen y procesan recursos naturales (mineros, petroleros, gasíferos, hidroenergéticos, pesqueros y forestales) y es distribuido entre los gobiernos regionales y locales (provinciales y distritales), más universidades públicas (para mejorar su desempeño) de las zonas donde se encuentran dichos recursos para ser usados en proyectos de inversión pública.

A pesar de que muchas localidades beneficiarias se encuentran en zonas remotas y con bajos indicadores sociales, el dinero del canon, al que deben sumarse otros subsidios como sobrecanon y regalías, no está siendo bien usado para sacar del atraso a esas poblaciones. En el periodo de diez años que culminó el 2020, el 40% de dichos recursos no fue utilizado. ¿Qué han hecho las autoridades para solucionar este problema?

En general, han mirado para otro lado, o han formulado planteamientos que no llegaron a materializarse. Hubo algunas excepciones, como el adelanto del canon minero realizado en enero del año pasado, orientado a dinamizar las economías de los gobiernos subnacionales, pero parece ser que no dio resultado. Es que esa baja ejecución tendría otros motivos, aparte de las deficiencias de muchos gobiernos subnacionales, que año tras año repiten los mismos errores de tipo administrativo –retrasos en licitaciones de nuevos proyectos e ineficiencias en expedientes de proyectos en curso–.

El factor político también cuenta. La población reclama al Estado y/o Gobierno más obras, pero no tendría conocimiento de que sus gobernadores y alcaldes también forman parte del Estado y son los responsables de ejecutar el presupuesto del canon en obras públicas. Y con frecuencia, tales autoridades se suman a las protestas, sacando provecho de ese desconocimiento y no rinden cuentas. El objetivo sería que sus agrupaciones ganen la siguiente elección o ser recordados para futuros comicios (volver a sus cargos o, con más ambición, llegar al Congreso). Por cierto, es raro que congresistas de zonas beneficiarias protesten, se pronuncien o se animen a intermediar. Generalmente, como ya señalamos, se desentienden del asunto.

Otro factor es la presión que se ejerce sobre las empresas, pues a pesar de contribuir al canon, se les exige transferencias de efectivo u obras prohibidas por la legislación de dicho subsidio (como plazas de toros). Al parecer, muchos no quieren dinero para inversión pública, sino para gastos que no beneficien a sus comunidades. Es irónico y muy preocupante.